“Hay familias que piden ayuda para comer, y tienen hijos estudiando”, ministro Wert dixit. “Yo convierto los muertos en euros, y los euros en dependientes”. consejero Oliván dixit. “Jamás llegué a pensar que llegaría a donde he llegado (…) me siento la mujer más humillada del mundo (…) la dignidad y el respeto están recogidos en la Constitución”. Mujer usuaria de un programa social de reparto de comida dixit.
En España ya hay más de 3 millones de personas pobres. En Aragón un total de 9.316 hogares aragoneses que, en estos momentos, viven sin ninguna clase de ingresos. La ciudadanía vivimos con tal estupor y pena esta situación que, en un acto de buena voluntad, nos apresuramos a socorrer a nuestros familiares, a nuestro vecindario y a la comunidad entera si hace falta. Pero socorrer y buena voluntad, requiere una reflexión previa que ahonde sin con ello estamos contribuyendo a una caridad renovada, una caridad moderna del siglo XXI. Caridad o beneficencia al fin y al cabo.
Corremos un serio peligro aceptando, e incluso a veces proponiendo, respuestas neoliberales más cercanas a la beneficencia, que a exigir la responsabilidad de las administraciones de que se reconozcan los derechos sociales básicos como derechos subjetivos exigibles legalmente por la ciudadanía.
Proliferación de comedores sociales. Redes que se adjetivan solidarias. Bancos de alimentos y demás plataformas que pretenden dar de comer a quién no tiene, no dejan de consolidar esa caridad en las relaciones entre iguales que se basan precisamente en su antónimo, la desigualdad, donde el/la que tiene le da al/la que no tiene o no puede.
La Ley Orgánica 5/2007, de 20 de abril, de reforma del Estatuto de Autonomía de Aragón, en su artículo 23, sobre el Bienestar y la Cohesión Social, establece que “los poderes públicos de Aragón, promoverán y garantizarán un sistema público de servicios sociales suficiente para la atención de personas y grupos, orientado al logro de su pleno desarrollo personal y social, así como especialmente la eliminación de las causas y efectos de las diversas formas de marginación o exclusión social, garantizando la renta básica en los términos previsto por la Ley”
Es por tanto obligación legal de la administración autonómica cumplir y hacer cumplir la Ley, y flaco favor hacemos supliendo sus obligaciones con re-distribuyendo lotes de comida, emitiendo bonos de dinero para restaurantes y empoderando redes populares diversas. Pretenden devolvernos a aquellos tiempos en los que el caudillo, la sección femenina y la iglesia de la dictadura despojaban a una parte de la ciudadanía de ser sujeto de derechos y etiquetaba a estos como pobres. Estableciendo con ello clases sociales y categorías de ciudadanos y ciudadanas.
La solidaridad supone una relación entre iguales, compartir lo que uno/a tiene porque debiera ser de todos y todas. Entendemos con ello, y lo ponemos en práctica, que todos somos iguales.
Los comedores sociales, los bonos de comida, la fila para el reparto de alimentos son indignantes y humillantes para las personas, que además de sufrir las consecuencias de un estado neoliberal que rescata a bancos y favorece a grandes fortunas mientras desahucia a la ciudadanía de su vivienda, se ven sometidas a un señalamiento público que denigra la poca estima que las y los que peor lo están pasando viven todos los minutos de sus días.
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia independientes de su voluntad. Art. 25 de la Declaración de los Derechos Humanos (ratificados por España) dixit.
Cuando piensas que la Caridad debe convertirse en modelo de Estado, no te basta con ser rico, quieres que l@s pobres te den las gracias. Dignidad dixit.
Paloma Lafuente
Responsable de Políticas Sociales e Igualdad de IU Aragón