Izquierda Unida elaboró en su día una crítica y una propuesta alternativa a la reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno del PSOE y que se concretó en la Ley 27/2011.

En realidad, los contenidos fundamentales de esta nueva reforma ya estaban recogidos en aquella:

  • El objetivo de la sostenibilidad del sistema público de pensiones,  aceptando –por tanto- que éste no es sostenible.
  • El recorte del gasto global en pensiones, hasta un total de 4,8 puntos de PIB en 2027, según nuestras estimaciones
  • La pérdida de poder adquisitivo de la mayor parte de las categorías de pensionistas
  • La consideración exclusiva de medidas de recorte del gasto como vía para solucionar los supuestos problemas del sistema.

Este planteamiento respondía a una exigencia de la troika cuyos objetivos eran y son:

a) Extender en España el sistema privado de pensiones para continuar fortaleciendo al capital financiero

b) Asegurar que el Estado deja libres recursos suficientes para pagar la deuda al sistema financiero internacional

Hay que reconocer y saludar que, ante la reforma actual, los sindicatos mayoritarios y el PSOE han reaccionado cuestionando algunos de los planteamientos de fondo que ante aquél proyecto de Ley aceptaron o, en el caso del Gobierno socialista, implementaron.

Entre estas reconsideraciones coincidimos con fundamentalmente con dos ideas:

Es posible fortalecer el sistema público de pensiones mediante la modificación de la política de ingresos de la Seguridad Social.

Existe un margen importante en el gasto, comparando España con la media de la UE.

Los agravamientos sustanciales que incorpora el nuevo proyecto del PP son:

El adelanto de la aplicación del factor de sostenibilidad a 2019, cuando no estaba previsto hasta el 2027.

La aplicación del Indice de Revalorización de Pensiones –justificado por criterios demográficos  escasamente científicos- para rebajar la pensión inicial introduciendo mecanismos fundamentales de los sistemas de capitalización (los sistemas privados de pensiones) en el sistema público (que es un sistema de reparto y solidaridad).

El sindicatos CC.OO ha estimado en una pérdida del poder adquisitivo de los pensionistas entre un 14,8% y un 28,3% durante los próximos 15 años, según se concreten los elementos de la reforma del sistema. La Memoria del ante proyecto de Ley reconoce que el  recorte de gasto será de 32.900 millones de euros en el período 2014-2022.

Este recorte hay que añadirlo al originado por la reforma del PP que antes hemos señalado. Ambos recortes no sólo se suman sino que se amplifican. Ambos recortes actúan sobre campos diferentes y se refuerzan produciendo una baja mayor del poder adquisitivo. La reforma del PSOE afectó a la edad de jubilación y las condiciones de cotización para establecer la base reguladora y cobrar la pensión máxima, perjudicando de forma diferente según la vida laboral de los diferentes colectivos de pensionistas. La reforma del PP interviene sobre la pensión inicial, generalizando la pérdida, y sobre la revalorización de las pensiones. Una pérdida añadida de 1.500 euros/año sobre la pensión media, siempre que la inflación no aumente excesivamente.

El sistema público de pensiones no está amenazado

Izquierda Unida parte del  criterio de que el sistema público español de pensiones está garantizado. De hecho, y sin que hayan sido aplicadas ninguna de las medidas de las reformas del PSOE, el sistema es viable y sólo ha sido necesario recurrir al Fondo de Reserva tras cinco años de crisis, un nivel de paro del 27%, niveles de economía sumergida próximos al 25% del PIB y un descenso de las rentas salariales superior al 7%. Precisamente el Fondo de Reserva fue creado para contingencias de este tipo.

No es de recibo aceptar una situación como esta de forma indefinida porque entonces lo que estaría amenazado no sería sólo el sistema público de pensiones, sino la cohesión social y la misma estabilidad del sistema económico, social y político. El remedio no está en recortar las pensiones sino en actuar sobre el empleo, la economía sumergida y los salarios. Los expertos ideólogos del capital financiero, entre los que se encuentran una parte sustancial del Grupo de Expertos que ha elaborado el informe en el que se fundamenta la reforma del PP, plantean, como ha ocurrido tradicionalmente con otros informes del mismo patrón, hechos en los últimos 20 años, una crisis demográfica. Es por esto que bancos y las cajas publican regularmente informes anunciando el colapso de las pensiones en un plazo de diez años. La Caixa (en 1998), el BBVA (en 2005 y en 2007), El Banco Santander (en 1992 y en 1999), el Banco de España (en 1995, en 1999, en 2002 y en 2009) El objetivo: crear alarma sobre el futuro de las pensiones públicas. Nada de eso ha ocurrido.

El aumento de la esperanza de vida, que es otro elemento utilizado, se justifica en la Memoria de forma mecánica y meramente matemática. No se tiene en cuenta que la esperanza de vida depende de factores sociales, económicos y sanitarios que no responden a una mera matriz matemática. De hecho, es conocido que tras el cambio de sistema en la antigua Unión Soviética, la esperanza de vida del conjunto de la población descendió 10 años o que, según recientes estudios, el aumento de la esperanza de vida se ha estancado en España como consecuencia de la aplicación de las políticas neoliberales.

Cierto que el número de pensionistas aumentará de forma significativa en el futuro, pero no es menos cierto que el incremento mayor comenzará a limitarse a partir de 2050 como consecuencia de la desaparición de las personas integrantes del baby boom de la década de los 60. No es menos cierto que la población española está actualmente disminuyendo lo que apunta, por lógica, a que el número de pensionistas también disminuirá en su momento en términos absolutos.

En todo caso, es muy osado hacer predicciones concretas sobre demografía en un horizonte superior a 10 años y no se puede atribuir a las mismas un carácter científico. Esto queda claro si se examinan las previsiones del INE de hace 30, 20 o 10 años y se comparan con la realidad actual.

Por otra parte, hay que dejar claro que el cálculo sobre la base de la esperanza de vida corresponde a los seguros privados que se rigen por el sistema de capitalización, no a un sistema público basado en un reparto solidario.

Tampoco es aceptable, desde nuestro punto de vista, fundamentar el análisis en una concepción limitada de la llamada tasa de dependencia, es decir en la mera relación numérica cotizantes/pensionistas.

Al menos y en cualquier caso habrá que tener en cuenta la relación ingresos por cotizaciones/gasto en pensiones contributivas, lo que está vinculado al nivel de salarios, al nivel de cotizaciones y su modalidad (topadas o no, penalizadas en determinados tipos de contratos o en horas extras o no, etc), entre otros factores. Viçens Navarro y otros autores insisten en que también hay que tener en cuenta el aumento de la productividad.

Nos oponemos a cualquier medida que parta, implícita o explícitamente, del supuesto de la vulnerabilidad del sistema público de pensiones porque conduce irremediablemente a la aceptación de modelo de reforma neoliberal.

La alternativa de Izquierda Unida

Tras constatar que el sistema público de pensiones no está amenazado, a no ser como consecuencia de las políticas neoliberales, Izquierda Unida propone un conjunto de medidas concretas para consolidarlo, garantizarlo frente al ataque de los representantes políticos del capital financiero y mejorarlo de forma que sea posible avanzar hacia la jubilación a los 60 años y aumentar las pensiones, fundamentalmente las más bajas, mejorando la capacidad adquisitiva de los pensionistas.

La realidad es que el gasto en pensiones sobre PIB es en España del 10,2% mientras que la media de la UE se sitúa en el 13,5%; es decir hay algo más de 3 puntos de diferencia. Por tanto, un margen importante.

Por otra parte, el PIB se ha multiplicado en los últimos 20 años aproximadamente por 2,5 y esto considerando fases de desarrollo y fases de crisis. Todo permite suponer que ese factor de multiplicación puede conservarse en los próximos 20 años. Las previsiones del Banco de España confirman estos datos.

Esto significaría que en 2033, nuestro PIB sería superior a los 2,5 billones de euros. Siguiendo la metodología del profesor Navarro, aunque las pensiones del sistema público ocuparan el 15% del PIB en ese año, frente a los 900.000 euros que hoy quedarían libres sobre PIB una vez descontado el gasto en pensiones, dentro de 20 años esa cifra sería de superior a 1,6 billones de euros. Por tanto, problemas ninguno.

Los recursos necesarios no ponen en peligro la economía y la decisión es eminentemente política.

El Gobierno pretende aprovechar unas circunstancias coyunturales para imponen una reforma estructural del sistema público de pensiones.

Izquierda Unida considera que las políticas de mejora del sistema público de pensiones se deben fundamentar en políticas de ingresos, pero estos ingresos no pueden venir por vías fiscales que sustituyan las cotizaciones. Las cotizaciones sociales (la cuota patronal) son costes laborales y tienen la consideración de salario indirecto. Por tanto, estaríamos produciendo un trasvase de recursos favorable a la patronal que vería así reducidos sus costes.

No obstante, en nuestra propuesta separamos lo que son pensiones contributivas de otro tipo de prestaciones sociales (complementos de mínimos, por ejemplo o gastos del INSERSO) que si deberían ser financiados fiscalmente y de políticas de estímulo económico que deberían tener el mismo tipo de financiación.

También consideramos que hay que examinar de forma diferenciada los factores coyunturales y la situación estructural y proponer medidas específicas que se correspondan con ambos criterios.

a)     Propuestas para separar los gastos en prestaciones sociales y su financiación

1.- Sustituir todas las medidas de reducción de las cotizaciones por medidas de bonificación.

2.- Financiación por los PGE de los programas y gastos de personal de la Seguridad Social que no se corresponden con las pensiones contributivas (incluidas las prestadas por el INSS no vinculadas a jubilación o incapacidad) y los servicios del INSERSO.

3.- Acuerdo en el Pacto de Toledo para la financiación progresiva en los PGE de las prestaciones por muerte o supervivencia.

 

b)     Propuestas inmediatas para hacer frente a la consolidación coyuntural del sistema.

1.- Elevación de los topes de cotización máxima que correspondan a partir de 1 de enero de 2014 en un 20%, manteniendo la revalorización prevista de la pensión máxima, lo que aumentará el contenido solidario del sistema.

2.- Incremento de la cuota patronal en las contingencias comunes en los siguientes casos:

a) Horas extraordinarias en contrato a tiempo completo: 50%; en contrato a tiempo parcial: 100%.

b) Incremento en un 10% sobre de los actuales tipos de la cuota patronal en todos los tipos de contratos que no sean indefinidos a tiempo completo.

3.- Combatir radicalmente la prácticas empresariales  de despedir a los 11 meses, terminar los contratos en viernes o contratar falsos autónomos.

 

c)     Medidas estructurales

a)     Equiparación de las bases medias de cotización de los Trabajadores Autónomos con los del Régimen General.

b)     Lucha eficaz contra la economía sumergida. Se estima que unos 800.000 trabajadores tiene relaciones laborales sumergidas sin alta ni cotización en la Seguridad Social. Dentro de este objetivo, reconocer la validez a efectos de alta en la Seguridad Social de los contratos verbales o de hecho, tal como establece el artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores.

c)     Elevación del Salario Mínimo a 1.100 euros mes en lo que queda de legislatura.

d)     Programa eficaz para garantizar el principio de “a trabajo igual, salario Igual” y conseguir la equiparación del salario de las mujeres con el de los hombres.

e)     Programa de recuperación de empleo hasta lograr al menos la generación de los 3 millones de empleos destruidos por la crisis.

 

 

Madrid, 18 de septiembre de 2013

Secretaría Ejecutiva de Economía y Empleo de IU federal

 

 

ANEXO.- Estimación cuantitativa de las propuestas de IU

 

Sustitución de reducciones por bonificaciones: 600 mill€

Ahorro en gastos de personal por incorporación a PGE : 2.000 mill€

Financiación PGE de prestaciones  por muerte y supervivencia: 21.800 mill€

Elevación de los topes de cotización máxima: 2.400 mill€

Elevación de la cuota patronal en determinadas condiciones:  2.000 mill€

Combatir fraudes de contratación: 500 mill€

Equiparación de las bases medias de RTA a RG: 7.000 mill€

Lucha contra la economía sumergida: 3.000 mill€

Elevación del salario mínimo: 500 mill€

Superación del desnivel salarial de las mujeres: 15.000 mill€

Generación de empleo: 18.000 mill€

 

TOTAL:  72.800 mill €

  • Estas cantidades deben considerarse como una estimación, dada la ausencia de datos concretos en algunos apartados, basada en estimaciones de CC.OO y en elaboración propia.

 

Ahorro en gasto de Seguridad Social por trasferencia de gastos a PGE:  24.400 mill. €

Mayores ingresos por Reforma de cotizaciones y políticas de empleo: 44.900 mill €

Mayores ingresos por lucha contra fraude y economía sumergida: 3.500 mill €

 

TOTAL 72.800 mill €