El grupo provincial de Izquierda Unida en la Diputación Provincial de Zaragoza viene denunciando desde hace dos años “la fórmula de reparto de fondos de la institución entre los Ayuntamientos y las entidades sin ánimo de lucro, mediante un sistema de “cupos de reparto entre partidos” ajeno a unos mínimos de transparencia y equidad y que profundiza en el clientelismo.
En este sentido, el diputado de IU considera que “la DPZ debe ayudar y apoyar a los municipios, pero estas ayudas deben llegar a con independencia del peso de su alcalde en el partido o del color político del mismo”. «En estos momentos – continúa Miramón – la ciudadanía pide mayor transparencia y la Diputación Provincial de Zaragoza camina en la dirección contraria perpetuando estas prácticas».
La concesión de las ayudas de presidencia, explica el diputado de IU, «carece de cualquier criterio objetivo y su comisión valoradora es una pantomima, sólo tiene que marcarla el dedo de un grupo institucional y dentro del presupuesto que a este le ha sido asignado para ser otorgada; y no debemos obviar que este año podrían representar más del 10% del gasto provincial.
La opacidad en la gestión de las subvenciones es una de las cualidades que se ha venido denunciando cuando IU estaba fuera de esta institución y también en estos dos años desde dentro de la misma, así lo indica Miramón «llevamos meses intentando acceder a los expedientes de justificación de este tipo de ayudas, solicitado conforme a la ley y al propio reglamento orgánico de la Diputación, pero el Gobierno provincial impide la fiscalización a la que está obligado y tiene derecho un grupo de la oposición».
Además, lejos de avistar un mínimo propósito de enmienda a lo que venía haciendo Lambán, el Presidente Beamonte ha profundizado en estas prácticas, incluso modificando la ordenanza de subvenciones para facilitar el mecanismo de ayudas directas.
Por todo ello y constatada la arbitrariedad en la concesión de estas ayudas, el portavoz de IU en la DPZ aboga por una profunda modificación de las bases de esta convocatoria, que garanticen objetividad, basados en criterios de equidad, necesidad y nula dependencia del criterio partidista, tanto en las destinadas a los ayuntamientos como aquellas que reciben las asociaciones; y tal y como propuso en el debate de presupuestos, esta línea de ayudas tenga la misma fiscalización con que cuentan el resto de planes provinciales, “solo así avanzaremos en transparencia” afirma Miramón.
Por otro lado, desde IU se entiende que estas noticias son un contrasentido a la Ley de Anti-Ayuntamientos que tramita el Gobierno de Rajoy: el PP quiere disolver Ayuntamientos por ineficaces y dejarlos en manos de instituciones como la DPZ. Lo que a juicio de Miramón «es un error mayúsculo, ni las diputaciones están pensadas para gestionar servicios directos al ciudadano, ni son capaces, ni han demostrado gestionar mejor y con más transparencia los fondos públicos como podemos comprobar, además no supondrá un ahorro, todo lo contrario”.