IU exige al Gobierno de Aragón que se dirija al Ejecutivo central para que negocie el rescate de la concesión administrativa de la AP-2 en el tramo entre Fraga y Alfajarín y se liberalice la vía, en tanto se finaliza el expediente administrativo de rescate de la concesión, y se paralicen los trámites administrativos que pudieran existir sobre el desdoblamiento de la Nacional II entre Fraga y Alfajarín. Una reivindicación que IU presentará ante el Pleno de las Cortes a través de una Proposición no de Ley y cuyo principal objetivo es poner una solución definitiva frente al desdoblamiento de esta vía, cuya realización en ésta época de crisis financiera e inversora se antoja casi imposible”.
El portavoz de Obras Públicas y Transporte de IU en las Cortes, Miguel Aso, y el Coordinador de IU Fraga, Xandru Sánchez, han presentado la iniciativa esta mañana en una rueda de prensa en el Palau Moncada de la capital del Bajo Cinca.
Para Aso “una de las actuaciones que más ha contribuido a un incremento de la deuda pública estatal ha sido la inversión en grandes infraestructuras con un alto coste en la ejecución y muy elevado gasto de mantenimiento, como el AVE, aeropuertos o autopistas que se declaran en concursos de acreedores y esperan ser rescatadas por el Estado, porque sus ingresos no cubren siquiera los intereses de las deudas”.
“Por otro lado, -continua- la construcción de muchas de estas infraestructuras es muy costosa desde el punto de vista del impacto medioambiental”. “Ejemplo de ello –añade- son las nuevas autovías que, en ocasiones, y para mayor detalle, se hacen paralelas a autopistas de peaje existentes, lo cual ocasiona un impacto medioambiental brutal y prescindible”.
Además, Aso denuncia que las medidas de control del gasto público, aplicadas en estos años con tanto rigor, no se aplican en materia de grandes infraestructuras con la misma rigidez y de manera sensata para encontrar la respuesta más sencilla y más barata, que permita reducir a la mayor brevedad la siniestralidad y tenga, al mismo tiempo, el menor impacto ambiental”.
“Por ello, -asevera el diputado- se sigue hablando en Aragón de desdoblar la Nacional II o la Nacional 232”. Para Aso, “la solución más rápida, la que reduciría ya mismo el número de accidentes y, por tanto, de muertos, la más barata en el corto y medio plazo y, desde luego, la que menor afección e impacto generaría sobre el territorio, sería rescatar la concesión de las autopistas o la liberalización total, hasta que finalice el plazo de concesión, de esos tramos que circulan prácticamente en paralelo a la Nacional II o a la Nacional 232”. Aso ha asegurado que “no parece razonable desde el punto de vista de las afecciones medioambientales y desde el punto de vista del coste de mantenimiento, que por ejemplo en el caso del desdoblamiento de la Nacional II entre Fraga y Alfajarín pudiéramos tener 10 carriles de circulación, cuatro de la AP-2, dos de la actual N-II y otros cuatro de la autovía desdoblada, cuando se puede resolver el problema con los seis existentes sin causar mayores impactos y gastos”.
Es por este motivo, por el que IU elevará al Pleno esta iniciativa parlamentaria en la que, además, de reclamar que se negocie el rescate de la concesión administrativa de la AP-2 en el tramo entre Fraga y Alfajarín, se liberalice la vía y se paralicen los trámites administrativos, exige que se haga lo mismo con el tramo de la N-232 en el tramo entre Tudela y Alagón.
Por último, IU Aragón propone que el Ejecutivo PP-PAR se dirija al Central para que se adopten estos criterios en los desdoblamientos de las carreteras nacionales estatales, “de tal modo que no se proceda a los mismos cuando existan autopistas de peaje que discurran por tramos casi paralelos, optando por el rescate o la liberalización antes que por la construcción de nuevas autovías, de elevado coste inversor y de mantenimiento, así como de muy elevado impacto ambiental. Por otro lado -ha señalado el diputado- si autopistas como la AP-2 pierden volumen de negocio por el paso de vehículos a una autovía nueva que discurre en paralelo, nos podemos encontrar que no quieran renovar sus concesiones cuando finalicen sus plazos, por lo que el Estado debería hacerse cargo de la nueva autovía, de la autopista que ya no quiere la concesionaria porque no da dinero y con la actual carretera nacional. Todo ello a mantener con el dinero del contribuyente”, concluye Aso.