Izquierda Unida llevará al Pleno de las Cortes del próximo jueves una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno de Aragón medidas que palien las consecuencias económicas en el sector agroganadero de la prohibición de exportar a la Federación Rusa. Para ello, solicita que se dirija al Gobierno central para que éste pida a la Unión Europea que establezca y mantenga en el tiempo líneas de ayudas extraordinarias entre la UE y los Estados miembros que compensen las pérdidas al sector agropecuario. En su iniciativa, IUreclama aumentar las medidas de control y regularización de los mercados internos en el seno de la UE, de forma que eviten que las decisiones de países terceros perjudiquen notablemente a los Estados miembros, apostando por la soberanía alimentaria como base del mercado interior.
La propuesta será defendida por el portavoz de Agricultura de IU, Miguel Aso, quien pide, además, al consejero del ramo, Modesto Lobón, que cumpla el compromiso que ha adquirido hoy con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias de crear una mesa de refinanciación donde estén integrados Avalia, Saeca, el Gobierno de Aragón y las entidades financieras “para que estas compensaciones cubran totalmente las pérdidas a quienes son las víctimas de las decisiones políticas de la UE, los agricultores y ganaderos”.
Los Organizaciones de Profesionales Agrarias españolas y aragonesas han manifestado su preocupación por las consecuencias que está teniendo para el sector la prohibición de exportar a Rusia determinados productos agroalimentarios, concretamente frutas, hortalizas, frutos secos, cerdo, ternera, pollo, leche y sus derivados, así como pescado, todo ello procedente de la Unión Europea, EE.UU, Australia, Canadá y Noruega, por un periodo de al menos un año a contar desde el pasado 7 de agosto.
El veto de Rusia a los productos españoles es consecuencia del poco calculado embargo internacional a este Estado por su implicación en la crisis de Ucrania. “Rusia responde así, porque es perfectamente conocedora de que la Unión Europea es el principal proveedor de productos agrarios, con una cuota de mercado del 42% en 2013, lo que hace que Rusia sea, además, el segundo Estado al que más vende productos agropecuarios, solo por detrás de los EE.UU, siendo el saldo comercial agroalimentario con Rusia muy positivo para la Unión Europea, con 10.200 millones de euros en 2013”, explica Miguel Aso. Consecuencia de ello, las primeras afecciones no se han hecho esperar y los cálculos a medio plazo son alarmantes, pues solamente en la zona regable por el Canal de Aragón y Cataluña, se han cifrado las pérdidas en unos 132 millones de euros.
Ante esta situación, Izquierda Unida considera que se adopten de manera inmediata y sin delación medidas urgentes y estructurales que desbloqueen este problema geopolítico y que eviten en el futuro que cualquier decisión de un Estado o de la comunidad internacional, perjudique al mercado agropecuario.
Movilización en Madrid
Por otra parte, Izquierda Unida apoya activamente la movilización convocada mañana, 5 de septiembre en la plaza Callao de Madrid en protesta por el veto de Rusia y en coincidencia con la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de Agricultura de la UE. El diputado de La Izquierda de Aragón en el Congreso, Álvaro Sanz, reitera que “la situación actual que vive el sector agrícola en nuestra Comunidad podría repercutir negativamente en la economía al ser este sector vertebrador y un eje fundamental en el desarrollo económico de algunas de nuestras comarcas, como el Baix Cinca, y del que dependen miles de puestos de trabajo directos e indirectos”.
“Una parte importante de la cuota de mercado de la fruta producida en Aragón es exportada a Rusia lo que da muestras de la gravedad de la situación y de la repercusión que esta crisis podría tener para cientos de pequeños productores y miles de trabajadores agrícolas”, advierte el diputado de la coalición aragonesa. IU califica de insuficientes las medidas políticas que se están tomando de cara a solucionar el problema. En su opinión, “no puede darse una situación en la que siga el cierre de fronteras y se dejen de dar ayudas», manifiesta Sanz, incidiendo en que la UE no ha utilizado ni un euro de los 500 millones consignados para el programa de atención a crisis agrícola”.