Izquierda Unida ha presentado hoy una importante propuesta, que convertirá en iniciativa parlamentaria a través de su grupo de IU, ICV- EUiA, CHA, en la que pide de forma explícita la “inmediata intervención de las empresas del sector energético”, con el objetivo de “preservar el interés general de un servicio esencial” como el del suministro de energía eléctrica a los consumidores.
Esta iniciativa fue detallada hoy en la tradicional rueda de prensa de los lunes en la sede de IU por su coordinador federal, Cayo Lara, el responsable federal de Políticas Energéticas, Adolfo Barrena, y el eurodiputado de la formación, Willy Meyer, dado el alcance de la misma tanto a nivel estatal como en lo que respecta a medidas similares que ya se han planteado para su estudio en el Parlamento Europeo.
“Queremos que se cumpla el artículo 128 de la Constitución”, explicó Barrena para contextualizar el encaje legal de esta medida ya que, como comentó, la Carta Magna “señala que toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general”.
De la misma forma, recordó que este mismo texto reconoce la “iniciativa pública en la actividad económica”, de tal forma que “mediante una ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio”, al tiempo que se podrá “acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”.
Adolfo Barrena valoró que el Gobierno tiene la obligación de “resolver el terrible problema” que arrastra nuestro país con las energías, en especial con el recibo eléctrico, por lo que es imprescindible que se esfuerce por “garantizar los servicios básicos”.
“Hay que adoptar –explicó- una decisión que nos libere de la dependencia energética, aplique tarifas sociales y tenga el objetivo de aumentar las energías renovables”, frente a una política energética impuesta por el Gobierno del PP que “no tiene alternativa y no sabe cómo resolver el problema”.
El responsable federal de Política Energética de IU criticó al ministro de Industria, José Manuel Soria, por el nuevo sistema de tarificación que prepara y que consideró “otra huida hacia adelante” mientras no se aborde una reforma en profundidad del sector.
Willy Meyer, por su parte, apuntó que la desregulación del mercado eléctrico ejecutada en los últimos años por los sucesivos gobiernos del PP y PSOE, y seguida también por otros Estados en la Unión Europea, es “la causante de tener una situación similar a la que había en los años 50 y en los 40” en cuanto a la precariedad y a la subordinación de los derechos de los consumidores.
El eurodiputado de IU abogó por un “paquete energético público”, cuya creación es fundamental para poder “crear un nuevo modelo económico donde se pueda buscar el empleo de calidad y una mayor cohesión social”.
Cayo Lara, por su parte, defendió en su intervención la necesidad de que se produzca la “nacionalización” del sector energético, para garantizar así el suministro básico esencial y hacer frente al “oligopolio” que existe en este sector, que ha llevado a “perjudicar directamente a las familias y a la actividad económica”.
Lara defendió una actuación de este tipo y la contrapuso a la realizada ya en el sistema bancario por “aquellos que no han tenido reparo en nacionalizar las cajas de ahorro para socializar las pérdidas y privatizar las entidades después” con miles de millones de euros de dinero público perdidos por el camino.
El máximo responsable de IU recordó que esta formación lleva esta propuesta en sus sucesivos programas electorales desde hace mucho tiempo y que ahora la pone con más fuerza sobre la mesa debido a la política energética que realiza el Gobierno del PP, “que la vistan como la vistan sólo pretende mejorar los beneficios de las eléctricas”, dijo.
Izquierda Unida tiene intención de que esta propuesta, además de convertirla en una iniciativa parlamentaria para ser debatida en el Congreso de los Diputados, se lleve también a todos los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde tiene representación institucional.
En su texto, además de plantear la inmediata intervención de las empresas energéticas, se incluyen medidas legislativas para garantizar el suministro básico esencial de energía eléctrica e instar al Gobierno a elaborar un proyecto de ley que reserve para el sector público la totalidad de los servicios energéticos.
Además, pide abrir una mesa de diálogo y negociación, con participación de los agentes sociales y económicos, la ciudadanía y los grupos parlamentarios, para acordar la necesaria reforma del sector energético español y darle una respuesta.