El grupo parlamentario de Izquierda Unida (IU) de las Cortes de Aragón ha exigido que las empresas contratistas de la Administración autonómica mantengan e, incluso, mejoren las condiciones laborales de sus empleadas y empleados acordadas en materia de jornada y salario durante el periodo de vigencia de su contrato o sean penalizadas. Defenderán una proposición no de ley en este sentido en la sesión plenaria del 23 de octubre.

En su iniciativa, la coalición insta al Gobierno de Aragón a pedir a la Junta Consultiva de Contratación de la Comunidad Autónoma un informe que dictamine la legalidad de incluir en los futuros pliegos de contratación de la Administración determinadas claúsulas sociales.

IU ha propuesto que en el plazo de un mes se incorporen sus propuestas, la primera de ellas que las empresas contratistas mejoren las condiciones laborales conforme a los convenios colectivos, salvo acuerdo explícito entre la dirección y los representantes de los trabajadores/as, y que se reduzca el presupuesto del contrato en el mismo porcentaje en que se haya disminuido el salario/hora de los empleados, anulando la contrata si supera el 10 por ciento.

Además, han planteado que se supriman las cláusulas de prórroga de las contratas si las empresas han incumplido el mantenimiento de las condiciones laborales en materia de salario y horario sin acuerdo con los sindicatos.

En rueda de prensa, el diputado Luis Ángel Romero ha expuesto que el objetivo de la iniciativa es “defender a los más débiles en momentos de crisis” y ha criticado que las Administraciones públicas “están recortando” los pliegos de contratación estableciendo condiciones laborales mucho peores que hace años, lo que acaba repercutiendo en los trabajadores.

El parlamentario ha exigido que se incluyan en los pliegos cláusulas sociales “más justas, más dignas”, que los colectivos desfavorecidos tengan “prioridad” y que se incorporen a las contratas criterios medioambientales y de igualdad.

Ha recordado que la Junta Consultiva ya ha respondido de forma “satisfactoria” a una consulta del Ayuntamiento de Zaragoza sobre este tema y ha resaltado que ninguno de los cuatro grupos del Consistorio se han pronunciado en contra.

EVITAR CONFLICTOS

La responsable de Políticas de Igualdad de IU-Aragón, Paloma Lafuente, ha considerado que con estas cláusulas sociales se podrían haber evitado algunos conflictos, como el de las monitoras de comedores escolares o las limpiadoras del Salud, tras lo que ha lamentado que con la reforma laboral aprobada a instancias del Gobierno de España las empresas tienen “carta blanca”.

Ha dicho que la coalición ha presentado iniciativas similares en Tarazona, Monzón, Alcañiz, Ejea de los Caballeros, Utebo, La Puebla de Híjar y los Ayuntamientos de las tres capitales aragonesas, así como en la Diputación de Zaragoza.

“Hemos cumplido con lo que nos comprometimos”, ha continuado Lafuente, comentando que en La Puebla de Híjar se ha añadido una claúsula al pliego de la contrata de la piscina municipal para incluir a desempleadas/os de larga duración en situación de vulnerabilidad.

En la ciudad de Huesca IU ha pedido un dictamen de los servicios jurídicos municipales con motivo del conflicto colectivo en FCC, durante la renovación de la contrata, “para evitar lo que ha pasado”. Lafuente ha destacado el “logro” obtenido por el concejal de Zaragoza Raúl Ariza a raíz del dictamen favorable de la Junta Consultiva de Contratación.

Raúl Ariza se ha quejado de que las empresas que se presentan a licitaciones de servicios públicos intentan ganar el mayor número de puntos recortando el coste de los mismos y lo hacen “aprovechando” la reforma laboral.

Ariza ha defendido el trabajo del Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Zaragoza, “un espacio único” en España en el que sindicatos, asociaciones vecinales, uniones de consumidores y grupos municipales pueden preguntar sobre la fase en que se encuentra una licitación o una certificación de las empresas privadas que prestan servicios públicos a la ciudad.