José Manuel Alonso y Pablo Muñoz han explicado que el objetivo final de IU es la eliminación del acuerdo económico entre el Vaticano y el Estado Español, pero que mientras tanto «quien exime a una entidad, debe pagar a los perjudicados, en este caso los Ayuntamientos»
ZARAGOZA, 1 de Octubre de 2014. – El portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, y el viceportavoz, Pablo Muñoz, han presentado esta mañana en rueda de prensa una moción con el objetivo de que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas compense los 1,6 millones de euros que el Consistorio deja de ingresar por la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las confesiones religiosas.
Los 1,6 millones de euros corresponden a 128 inmuebles que hay en Zaragoza, de todo tipo de confesiones religiosas que tienen acuerdos internacionales y aunque la mayoritaria es la Iglesia Católica, aunque también se ha explicado que figuran inmuebles de otras confesiones religiosas.
La Basílica del Pilar, la Seo, el Palacio del Arzobispado son algunos de los inmuebles exentos del pago de IBI, que ha citado Alonso para aludir al artículo 9 de la Ley reguladora de haciendas locales, que en su apartado 8 reza que «cuando el Estado otorgue moratorias o aplazamientos en el pago de tributos locales a alguna persona o entidad, quedará obligado a arbitrar las fórmulas de compensación o anticipo que procedan en favor de la entidad local respectiva».
Alonso ha calculado que en el conjunto de España la exención del IBI a las administraciones, entidades educativas como la Universidad o las confesiones religiosas supone que los ayuntamientos dejen de ingresar 1.100 millones de euros, de los que 100 millones, el 10 por ciento, corresponde a la Iglesia y «el Estado debe reponer esta cuantía a los ayuntamientos», ha exigido.
Alonso ha avanzado que esta propuesta fiscal la trasladarán al Gobierno de Zaragoza para que reclame a Hacienda la compensación de los 1,6 millones de euros.
Aunque el equipo de gobierno ha decidido prorrogar las ordenanzas fiscales de 2013, Alonso ha adelantado que en una semana presentarán su propuesta de ordenanzas fiscales y el Gobierno «tendrá que pactar», para lo que tiene la opción de «consensuarlas con el PP o girar a la izquierda».
Por su parte, el concejal del grupo municipal de IU, Pablo Muñoz, ha insistido en que se dé cumplimiento al informe de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que reclama modificar la legislación vigente para que los ayuntamientos «tomen más medidas propias» en este sentido.
Asimismo, Alonso ha añadido que la FEMP también exige a las administraciones autonómicas que «paguen de una vez lo que deben a los municipios por lealtad institucional».
En concreto se ha referido a los «20 millones de euros que el Gobierno de Aragón debe al Ayuntamiento de Zaragoza. Solo es necesario que paguen los recibos para esto no hace falta ninguna modificación legislativa», ha sentenciado.
«Es indignante» la actitud del Gobierno de Aragón ha opinado para dejar claro que en este caso «no se trata de exenciones fiscales, sino que tiene que pagar los recibos como cualquier vecino».