El concejal Pablo Muñoz insiste en que la empresa gestora del vertedero de Torrecilla de Valmadrid tiene la obligación legal de ejecutar ese sellado, independientemente de quien lo pague. A pesar de ello, Izquierda Unida también urge al Ayuntamiento y a la DGA a alcanzar un acuerdo sobre la financiación del mismo.
“Nadie podría imaginar que los responsables de una central nuclear la abandonaran al final de su vida útil y, del mismo modo, hace años que FCC debería haber obrado responsablemente sellando el vertedero porque es su deber como empresa adjudicataria de dicha contrata”.
“FCC no podía abandonar así el vertedero por imposición legal, tenía obligación de vigilarlo e incluso sellarlo para impedir el acceso de gente, con riesgo para su salud”, apostilla. “En su momento –insiste-, FCC no denunció la contrata en el año 2001 cuando hubo una modificación implícita de los pliegos por una nueva obligación legal que implícitamente asumió como gestor de residuos”.
IU recuerda que el vertedero de Torrecilla de Valmadrid es una licitación de 1987 a FCC y desde entonces la normativa ha avanzado, sobre todo una directiva europea traspuesta en un real decreto de 2001 que obliga a que los vertederos tengan una serie de condiciones como sellado, aislamiento con determinadas capas, recogida de lixiliados (aguas de lluvia mezcladas con la humedad de la basura que se quedan en el fondo y que son muy contaminantes), la vigilancia y control posterior durante 30 años y la diferenciación entre recogida de residuos urbanos y peligrosos.
Por otra parte, el grupo municipal de IU destaca que la competencia en la recogida de residuos urbanos es municipal, pero de residuos industriales es de la DGA. “En ese vertedero el 50% de los residuos son industriales porque en un momento de la historia se permitió echar allí escombros y demás basura industrial”, comenta el concejal de IU.
“Esa decisión, además de acortar mucho la vida de vertedero, fue una ayuda encubierta a algunas empresas zaragozanas que en lugar de tener que gestionar sus residuos industriales con su correspondiente coste, los echaban al vertedero general a un ridículo coste”. “De este modo, entre todos –continúa- les hemos pagada sus residuos cuando no teníamos obligación”. En este sentido, Muñoz se pregunta “quién permitió hacerlo y porqué cuando hubo un cambio de normativa no se exigió el cumplimiento de las nuevas obligaciones”.
“Más allá de esto –antepone Muñoz-, urge adoptar medidas para reducir sus efectos negativos en el efecto invernadero y evitar la emisión de metano a la atmosfera”. Por otra parte alerta del riesgo para las personas que han ido allí a extraer metales ya que “la balsa de lixialiados está llena y hay que controlarla”.
“En la situación actual, la DGA debería asumir una buena parte del sellado en colaboración con la empresa y el Ayuntamiento”, considera. Finalmente, el concejal de IU también ha indicado que preguntará en comisión quién está costeando la vigilancia actual y qué medidas se han tomado para proteger la seguridad.
Explotación económica del metano
El grupo municipal de Izquierda Unida también insiste, una vez más, en que se estudie la explotación económica del metano, tal y como se hace en otras ciudades. El responsable de Medio Ambiente, Pablo Muñoz, ha planteado que se incluya esta actividad en la futura Empresa Municipal de Energía, utilizando el metano para generar electricidad y calor, tal y como se hace con el vertedero nuevo o con la depuradora de la Almozara.