El grupo parlamentario de IU Aragón exige al Gobierno de Aragón que desestime la posibilidad de que Ambuibérica concurse en la adjudicación de los servicios de transporte no urgente sanitario, ante la apertura de diligencias del Juzgado de Instrucción número 11 de Zaragoza contra esta empresa que, desde 2008, presta este servicio en Zaragoza y en Teruel, por presunta estafa en el cobro de los mismos. Unas irregularidades en la prestación y/o facturación del servicio sobre las que IU consideró que eran suficientemente graves para haber acudido al juzgado y sobre las que advirtió al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván.
“Ahora el Gobierno de Aragón se va a personar en el procedimiento abierto por el juzgado tras el informe de la Fiscalía por lo que entendemos que no permitirán a Ambuibérica optar al nuevo concurso de adjudicación del servicio”, señala la portavoz del grupo parlamentario IU Aragón y de la Comisión de Sanidad, Patricia Luquin, para recordar la denuncia que su grupo hizo al consejero por la falta de información sobre la convocatoria y ante la investigación iniciada por las irregularidades detectadas en la facturación de servicios realizada por Ambuibérica.
A día de hoy, esta empresa continúa prestando el servicio. Algo que para Luquin es un “despropósito” porque, además de que Ambuibérica está acusada de presuntamente estafar a la Administración Pública, el plazo de la adjudicación del servicio lo ha prorrogado el Gobierno hasta el 1 de septiembre de 2015.
Sobre la prórroga, Luquin recuerda que el consejero de Sanidad explicó ante el Pleno de las Cortes que “se optó por ampliar la adjudicación a Ambuibérica porque se trataba de una prestación que no podía dejar de darse ni un solo día”. Algo que para IU se soluciona si el Gobierno “licita cuanto antes el nuevo concurso al que no debe acceder Ambuibérica y sobre el que debe extremar el control para evitar las irregularidades como las que se han verificado”.
Para la portavoz parlamentaria de Izquierda Unida, “es urgente y necesario aplicar estrictas medidas de control para evitar que casos como lo que se han vivido con parte del transporte sanitario no urgente en Aragón no vuelvan a suceder y que empresas que han cometido irregularidades en la prestación y/o facturación de servicios con la Administración no puedan optar a concurso públicos”.