Pablo Muñoz ha insistido en que la aprobación inicial, que tuvo lugar el 29 de marzo de 2011 con los votos a favor de PSOE, PAR y PP, ya no está justificada porque “la empresa apenas tiene actividad actualmente” y con la correlación de fuerzas actual “sería un error dar la aprobación definitiva”.

El representante del grupo municipal de IU en Urbanismo , Pablo Muñoz, ha comparecido para reclamar la anulación del convenio del Ayuntamiento con la empresa armamentística Instalaza, ubicada en el barrio de la Magdalena, compañía de la que Pedro Morenés, actual ministro de Defensa, fue consejero delegado.

Muñoz ha recordado que “este señor de la guerra, tras el tratado de Dublin que prohibió el uso de bombas racimo, reclamó 40 millones al Gobierno de España como compensación por daño emergente y lucro cesante”. En este sentido, el edil de IU ha apuntado “la incoherencia que supone que el convenio duplique la edificabilidad en los terrenos que ocupa actualmente Instalaza, duplicando la plusvalía urbanística, cuando su producción se ha reducido notablemente y el traslado ya no costaría tanto, a consecuencia de la aplicación de la nueva legislación internacional que prohíbe gran parte de su producción”.

Las naves, construidas en 1943 y que ocupan una superficie de 10.685 metros cuadrados, “tendrían su vida útil amortizada en términos contables”, indica Muñoz, quien también ha subrayado “la aberración política que supone que Morenés sea juez y parte, como miembro del actual gobierno al que se le exige una indemnización y como ex consejero delegado y representante de Insatalaza”.

También ha destacado que “el hecho de que se haya aprobado inicialmente el convenio no implica indemnización por parte del Ayuntamiento en caso de anularlo, a raíz de la última modificación de la LUA” y que “no se puede hacer un regalo porque sí a esta empresa cuando hay numerosas alegaciones planteadas por asociaciones vecinales (Tierra y Libertad, Bruil, FABZ) y colectivos (Mambrú, ecologistas…) en las que exigen que no se densifique tanto esa zona para no saturar los equipamientos públicos de sanidad, educación, etc.”.

“Estamos en un momento en el que una Comisión de Venta de Patrimonio está estudiando todas las alternativas posibles para tratar de generar ingresos –apunta Muñoz-, por lo que no es de recibo mantener abierto un convenio que podría costar al Ayuntamiento cuatro millones de euros sin justificación alguna”.

Finalmente, ha lanzado un aviso, señalando que IU no quiere “geometrías variables, es decir, que el PSOE vote con el PP”. “Hasta el momento –continúa-, no se han dado en asuntos importantes, pero si no, habrá que replantearse posturas a largo plazo”.