Ante el conocimiento por parte del informe que el Consejo de Estado ha emitió el pasado 26 de junio un importante dictamen sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que pone de manifiesto el ataque a la autonomía municipal de los municipios aragoneses Pablo Muñoz, responsable de política municipal y autonómica exige la retirada de dicho borrador.

Como ha puesto de manifiesto el informe la reforma que se quiere impulsar el olvido de principois recogidos en al Carta Europea de Autonomía Local y supone un debilitamiento de las competencia municipales propias, del autogobierno y del ppo de autonomía municipal.

Según Muñoz, el informe ha recordado que el artículo 149.1. 18 de la  Constitución, no permite que  “el Estado pueda prohibir a un municipio ejercer unas competencias y fijar de forma tasada cuales puede desempeñar porque ni tan siquiera algunas competencias son ya suyas” en relación a que son competencias municipales y podrían atentar incluso a los estatutos de autonomía. Para Muñoz, “se está vaciando de contenido la Constitución para provocar un recorte social masivo”.

Además el representante de IU ha señalado que el Informe da un  “serio correctivo a al ley” en su intento de traspasar competencias a “administraciones opacas” en relación a las Diputaciones “para luego privatizarlas”. En este sentido ha manifestado que el dictamen se cuestiona que las competencias municipales  pase a manos de unas diputaciones provinciales que no tienen legitimidad democrática directa, pues ese vaciamiento puede afectar directamente a la garantía institucional de la autonomía municipal reconocida en la Constitución.  Respecto a la pretensión de privatización Muñoz ha recordado que la reforma pretendida obliga a realizar los servicios a un coste estándar fijado por Real Decreto desde criterios economicistas, sin tener en cuenta las peculiaridades de dónde se preste frente a eso el Dictamen ha señaladdo que se deberían fijar factores de ponderación así  Muñoz  se ha sumado a la valoración de inconstitucionalidad de este conste estándar del informe afirmando que “no se puede someter los servicios públicos y sociales  a un criterio economicista eso es inconstitucional”.