IU Aragón, ante la “caótica” situación y “falta de dirección” que tiene la política energética del Gobierno, pide la dimisión del ministro de Industria y reclama un modelo energético alternativo al de los mercados. “¿Cómo puede ser, pregunta Adolfo Barrena, Coordinador general de IU Aragón y responsable Federal de Energía de IU, que el ministro Soria esté todavía dudando si invalida o no la subasta eléctrica celebrada ayer?”. “Solo un ministro incapaz puede declarar estar sorprendido de una subida de precios tan importante que viene provocada por la nefasta y errática política que sigue el ministerio que dirige”.
“Ahora puede que se anule la subasta y se obligue a hacer otra pero lo que, de verdad, hay que hacer es modificar el sistema de subastas y el mercado eléctrico para evitar que vuelva a pasar en el futuro”, indica Barrena. “Llevamos toda la Legislatura, igual que lo hicimos la anterior, reclamando una auditoría de los costes reales del sistema eléctrico y una reforma del mercado eléctrico que, en estos momentos, funciona de forma opaca y especulativa y favoreciendo chantajes a la ciudadanía como el de la subasta del pasado jueves, señala Barrena, pero el PP, igual que hizo el PSOE, hace oídos sordos a estas propuestas”.
“Hoy nos parece una oportuna medida anular la subasta, continua Barrena, pero lo más urgente, e importante, es resolver el problema que seguirá estando”. Aunque se obligue a una nueva subasta y se consiga que el incremento de tarifa de Enero sea algo menos que el 11 % anunciado, seguirá siendo una subida de tarifa que será la quinta en un año.
“Es obligación de un Gobierno democrático tomar medidas para que el suministro eléctrico y de gas no siga siendo causante de la pobreza energética que sufren las familias, para que no siga siendo una carga para las administraciones que prestan los servicios públicos y para que no lastre la economía incrementando los costes de producción que acaban repercutiendo en las condiciones laborales y salariales y en la destrucción de empleo”, reclama el dirigente de IU.
En este sentido, el Coordinador general de IU Aragón reclama al Gobierno autonómico y “no se cruce de brazos” y defienda los intereses de la ciudadanía aragonesa y de las pymes y empresas y, en concreto, con las ocho grandes empresas aragonesas Arcelor-Mittal, Ercros, Carburos del Cinca, Químicas del Cinca, Cemex, Hidronitro, Casting Ros y Pirsa de Monreal, que suman 1.500 trabajadores/as, que verán afectadas sus plantas y el empleo por la Orden del Gobierno sobre la interrumpibilidad del suministro. Cabe recordar que ayer el Pleno de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una Proposición no de Ley presentada por IU en la que instan a la DGA a dirigirse al ministerio de Industria para requerirle que paralice la Orden IET/2013/2013, de 31 de octubre, por la que se regula el mecanismo competitivo de asignación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad, por afectar gravemente al futuro de las industrias aragonesas que se acogen a este servicio al aumentar desproporcionalmente sus gastos en la factura eléctrica, poniendo en riesgo su sostenibilidad económica y minorando su competitividad.
Cambiar el modelo energético
Desde IU insisten en que es “urgente” cambiar el modelo energético y hacer una reforma del sistema “a fondo” para que haya más competencia, para que se regulen, desde el control público, los precios del sector evitando, así, que las compañías eléctricas ganen en estos momentos el doble de la media de la UE y que aún se les “deban” 30.000 o 40.000 millones. Esa reforma que IU defiende reclama la intervención pública en el mercado eléctrico para evitar seguir sometidos a los intereses de cuatro grandes empresas que, además, tienen en sus consejos de administración a expresidentes del Gobierno.
La pretendida reforma eléctrica propuesta por el PP, que se ha votado en el Congreso, no recoge medida alguna contra tres de los grandes problemas en torno al recibo de la luz: la falta de liberalización y competencia en el sector eléctrico, la especulación de las subastas del precio mayorista y el opaco sistema de fijación de precios y “ha sido una nueva oportunidad perdida de cambiar el marco normativo para democratizar el mercado energético y poner un sector estratégico al servicio de la ciudadanía en lugar de al de los mercados”, concluye.