Exigimos al Gobierno de Aragón que se dirija al de España para exigirle la derogación urgente del Real Decreto-Ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo y apruebe otro Real Decreto-Ley que introduzca las medidas necesarias para que se garantice la devolución del dinero a todas las familias y colectivos afectados con carácter vinculante en concordancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016.
Para ello, nuestra portavoz en las Cortes de Aragón, Patricia Luquin, ha registrado una Proposición no de Ley en la que, además de pedir la derogación del Real Decreto-Ley y la aprobación de otro acorde con la sentencia europea, demandamos la creación de un órgano de seguimiento, control y evaluación que tenga competencias ejecutivas, que actúe en cada territorio (Comunidades Autónomas) y ejerza funciones de árbitro ante aquellas solicitudes que haya discrepancia en su resolución por una de las partes.
El Real Decreto-Ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de enero vino precedido por el acuerdo entre el Partido Popular, el PSOE y Ciudadanos junto con las entidades financieras. Se trata de un mecanismo extrajudicial que pretende que los ciudadanos con un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria que contengan cláusulas suelo puedan recuperar las cantidades abonadas por encima de lo que correspondía.
“Sin embargo, deja en manos de las entidades financieras la elección de los afectados por la limitación de los tipos de interés”, advierte Patricia Luquin para explicar que el Real Decreto “obliga a informar a los clientes sobre la aplicación de las cláusulas suelo en sus hipotecas, pero no a devolver las cantidades correspondientes, por tanto, los bancos decidirán a qué clientes incluyen en la solución extrajudicial de las cláusulas suelo”.
Este hecho ha provocado que las asociaciones en defensa de los consumidores y usuarios de banca manifiesten que este Decreto deja “muchos flancos abiertos” a los intereses de la banca y será “ineficaz” dado que no tiene carácter vinculante y queda al arbitrio de la entidad financiera la solución final.
“No cabe duda que es insuficiente la medida aprobada por el Gobierno y que, en cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre de 2016, la medida a adoptar debería haber sido más contundente en defensa de las familias afectadas por las cláusulas suelo”, asevera Luquin presentará esta iniciativa ante el Pleno de las Cortes con un primer punto en el que insta al Ejecutivo PSOE-CHA a defender los intereses de las familias, consumidores y usuarios de banca afectados por las abusivas “cláusulas suelo”. Unas cláusulas abusivas que han sido y son uno de los problemas que está afectando de manera “grave” a las familias que han contraído una hipoteca bancaria.
“Evidentemente, es una absoluta barbaridad lo que está ocurriendo en la situación de emergencia económica y social que vivimos”, concluye para recordar que todavía quedan muchas familias sufriendo el efecto de las “cláusulas suelo”.