Izquierda Unida trasladará este viernes al Pleno de las Cortes de Aragón el cobro del Impuesto de Contaminación del Agua (ICA) a las vecinas y vecinos de Zaragoza. En concreto, su portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, pedirá explicaciones al presidente aragonés, Javier Lambán, ante la puesta en marcha del cobro de este gravamen y ante la respuesta que tuvo en su intervención IU en el reciente Debate sobre el estado de la Comunidad, en la que Lambán se mostró dispuesto a replantearlo y planteó abrir el “diálogo necesario para ver  exactamente si lo mantenemos, cómo lo sustituimos porque “de alguna forma tendremos que sustituir la financiación de este impuesto por otro”.

“A día de hoy, el diálogo parece que ya no tiene importancia”, lamenta Patricia Luquin para advertir que los pagos de este gravamen oscilarán entre los 18,34 y los más de 55 euros al año.

Luquin tacha de “injusto” el proceso iniciado para cubrir los costes de un Plan de Saneamiento y Depuración “deficitario” y ejemplo de mala gestión de los recursos públicos, tal y como también valoró en su informe la Cámara de Cuentas de Aragón.

“Las vecinas y vecinos de Zaragoza seremos los más perjudicados por este injusto proceso”, denuncia la diputada de IU en relación con la obligación a la que se ha sometido al Ayuntamiento para entregar los datos del padrón para efectuar el cobro del impuesto. “Además, añade, se grava doblemente a poblaciones q tienen depuradora, como Zaragoza”.

Para Izquierda Unida, el cobro del ICA supone un “trato de favor” del Instituto Aragonés del Agua y del Gobierno de Aragón hacia las empresas concesionarias que incumplieron sus contratos del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, eludiendo la denuncia de dichos contratos y la exigencia de compensar los daños y perjuicios generados a los municipios por ese incumplimiento.

IU rechaza este impuesto y propone medidas contra la aplicación del citado Plan. Entre ellas, una reforma del ICA que recoja exenciones a aquellos municipios que no dispongan de depuración y el estudio de la puesta a disposición de dichos ayuntamientos, para que financien sus respectivas depuradoras, de lo que hasta hoy han pagado sus vecinos por el ICA y también de lo que esos ayuntamientos han pagado como canon de vertido a la CHE, sin perjuicio de proceder a las reclamaciones por incumplimiento contractual cuando proceda.