Izquierda Unida reclamará mañana al Gobierno de Aragón que negocie con las entidades financieras con las que tiene contraída deuda una modificación de las condiciones contractuales de los créditos pendientes que permita, mientras las cifras del desempleo en Aragón no estén por debajo de la media europea, alargar el periodo de devolución, incorporar anualidades de carencia o liquidar solamente intereses, con el objetivo de no incrementar la deuda, no retrasar pago de obligaciones contraídas y de contar con recursos económicos extraordinarios para destinarlos a la reactivación de la economía y la creación de empleo.
Durante los dos años de Gobierno PP-PAR, la deuda de la comunidad autónoma ha aumentado alrededor de 2.000 millones de euros, es decir, un aumento de la deuda pública de más de un 60% en apenas 24 meses. “Es cifra es escandalosa especialmente en un momento en el que hay un recorte brutal en inversión y en servicios públicos”, advierte el portavoz de Hacienda de IU Aragón, Adolfo Barrena, quien pedirá al Gobierno que “plante cara a los bancos” mañana en la Comisión del ramo, a través de una moción que dimana de la interpelación que formuló al consejero José Luis Saz, en el pasado Pleno de las Cortes.
Además de negociar la deuda contraída, IU reclama en esta iniciativa al Ejecutivo autonómico que se dirija al central para solicitarle más flexibilidad en el cumplimiento de los acuerdos y las obligaciones contraídas como consecuencia de la aplicación de las Leyes de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, tanto en el plazo, como en el porcentaje de déficit para el ejercicio económico de 2013 para poder destinar más recursos a la creación de empleo y al mantenimiento de los servicios públicos esenciales.
“Estamos comprobando cómo cada vez este Gobierno gasta menos en atender las obligaciones pero sin embargo la deuda crece”, denuncia Barrena, para quien “el dogmático seguimiento de la doctrina del ajuste, marcado por la política de estabilidad presupuestaria, que ha justificado todos los recortes del gasto social y han impedido las inversiones productivas para crear empleo demuestra, una vez más, que no sirve para dar una respuesta a la crisis y que esa senda nos lleva a la recesión económica, al endeudamiento y a la necesidad de nuevos recortes y ajustes”.