Exigimos al Gobierno de Aragón que ponga en marcha la Ley de Memoria Democrática de Aragón que, tras cinco meses desde su aprobación en las Cortes, sigue sin contar con los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo.
Esta mañana nuestro Coordinador General, Álvaro Sanz, y nuestra portavoz parlamentaria, Patricia Luquin, han comparecido en rueda de prensa ante la desidia del Gobierno de Javier Lambán para cumplir con el compromiso adquirido con IU para su investidura: tener una ley para devolver la dignidad a las miles personas que murieron por la democracia.
“Si a una ley no se le ponen los recursos para su desarrollo, se queda en un titular y eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón con la Ley de Memoria Democrática”, ha denunciado Luquin que ha acusado al Ejecutivo de Lambán de no cumplir con los acuerdos llegados para la aprobación de las cuentas de 2018, entre los que estaba el desarrollo de esta Ley.
Por su parte, Álvaro Sanz ha incidido en rueda de prensa en la falta de medios para crear un banco de ADN para familiares de víctimas de desaparecidos durante el franquismo y para poner en marcha la comisión técnica encargada de implementar las políticas públicas de Memoria Democrática, prevista en el artículo 35 de la Ley.
Ambas medidas estaban dotadas con 75.000 y 15.000 euros, respectivamente, en los presupuestos autonómicos de 2018 pero no se llegaron a ejecutar. En este sentido, emplazamos al consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, a que habilite las partidas correspondientes en la prórroga presupuestaria de 2019 para que las asociaciones memorialistas puedan recibir subvenciones.
“Una ley sin contenido, sin desarrollo orgánico, sin personal ni presupuesto no va a servir mucho. El PSOE hace dejadez en el desarrollo de las políticas acordadas con IU y el conjunto de las entidades que impulsó la memoria democrática”, ha señalado Sanz para denunciar que el Gobierno tan sólo ha organizado el Día de la Memoria Democrática de Aragón el 3 de marzo en Alcañiz, mientras “miles de cuerpos en fosas están siendo recuperados por sus familias sin que la Administración aporte medios”.
Sanz también ha acusado al Gobierno aragonés de una flagrante falta de actuaciones para las que no hacen falta presupuestos. “Lugares donde sigue habiendo simbología franquista no pueden optar a ayudas públicas o subvenciones y nos hemos dirigido a esos ayuntamientos para que modifiquen estos viales y erradiquen los vestigios del franquismo”, ha remarcado el Coordinador para recordar que la iglesia católica también debe cumplir la Ley.
Por todo ello, exigimos que esta Ley entre en vigor en toda su dimensión para devolver la dignidad a aquellas personas que dieron su vida para salvar la democracia.