Hemos pedido información a la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, sobre la aplicación de la ley de pobreza energética de Aragón. Desde el inicio de la crisis en 2008, cada vez más personas se han visto incapaces de hacer frente a sus facturas domésticas de energía, lo que ha derivado en una situación creciente de pobreza energética en Aragón. Los datos del estudio ‘La pobreza energética en España: aproximación desde una perspectiva de ingresos’, arrojan que Aragón está por encima de la media nacional ya que un 8,6% de las y los aragoneses vive en situación de pobreza energética, frente al 8,3% del conjunto del Estado, y destina de media 1.267 euros al pago de gastos de energía, 168 euros más que la media española.
Cabe recordar que la ley de reducción de la pobreza energética de Aragón reconoce al legislador autonómico el desarrollo de medidas asistenciales consistentes en prestaciones económicas tendentes a evitar la interrupción del suministro de electricidad y gas a las personas vulnerables. Cabe destacar que los hogares de rentas más bajas gastan un tercio menos en energía que los de mayor capacidad adquisitiva, pero tienen que hacer un esfuerzo cuatro veces mayor para poder hacer frente a sus facturas de energía doméstica.
En este sentido, nuestro portavoz en las Cortes y Coordinador autonómico, Álvaro Sanz, insiste en la importancia de incorporar empresas suministradoras a la prevención de la pobreza energética, al establecer obligaciones de información al consumidor sobre la existencia de estas ayudas, así como deberes de abstención durante su tramitación que asegure la efectividad de las ayudas.
De hecho el artículo 5 de la citada ley describe el procedimiento para evitar la suspensión del suministro o proceder a su restablecimiento y explicita en su punto 3 que “……la empresa suministradora no procederá a la suspensión del suministro mientras se gestiona la concesión de la prestación económica que corresponda destinada al pago de la factura del consumo energético”. “Cuestión que debe garantizar que ninguna persona o unidad de convivencia en situación de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad o encontrándose la misma en tramitación se quede sin suministro”, apunta Sanz.
En un momento de alta precariedad laboral como el que vivimos, reiteramos la necesidad de que la ley se cumpla escrupulosamente y no se deje a ningún hogar sin la temperatura adecuada que garantice unas condiciones de vida dignas. “Los datos indican que los hogares vulnerables tienen cada vez más dificultades para cubrir sus necesidades de energía doméstica”, añade Sanz para explicar que el estudio indica que “en hogares con empleo, hay también una mayor incidencia de pobreza energética en presencia de contratos eventuales o temporales en comparación con contratos fijos de duración indefinida”.
Por todo ello, Sanz ha solicitado a la consejera Broto que informe de las medidas que se van a llevar a cabo para que ningún hogar aragonés vulnerable vea interrumpido el suministro de electricidad, detalle el mecanismo para corregir las situaciones de corte de la manera más urgente posible y explique cuál es el procedimiento de inspección que se va seguir para garantizar el cumplimiento de la ley. Además, hemos pedido al Gobierno información sobre las infracciones recogidas en esta ley cometidas por las eléctricas, como Endesa, y que procedimiento sancionador se ha articulado.
“Pedimos estos datos desde la entrada en vigor de esta ley y también de las sanciones que ha interpuesto el Gobierno de Aragón a las empresas suministradoras de energía que han incumplido la legislación porque hacer pública esta información es fundamental para hacer un buen análisis de la efectividad de la ley”, concluye Sanz.