Izquierda Unida exige al Gobierno aragonés que adopte de manera inmediata las medidas necesarias para proceder al abono de las prestaciones económicas o el servicio a las más de 8.900 personas que en Aragón tienen reconocida la prestación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y que, a día de hoy, no se les está garantizando.
Para ello, la portavoz de IU, Patricia Luquin, presentará mañana en la Comisión de Sanidad y Bienestar Social de las Cortes una moción en la que reclama al Ejecutivo que garantice la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, asegurando el ejercicio de los derechos adquiridos por la ciudadanía en virtud de esta Ley con los recursos económicos y humanos necesarios. Esta moción dimana de la interpelación que la portavoz de Sanidad de IU realizó al consejero del ramo, Ricardo Oliván, sobre la política del Gobierno en acción social, en el pasado Pleno de la Cámara.
Luquin recuerda la Orden, publicada en el BOA con fecha 20 de agosto de 2013, que supuso “un nuevo recorte de derechos y un abuso porque regula el ‘repago’ para el sistema de dependencia”. En concreto, con esta Orden del Gobierno de Aragón se regulan las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, la capacidad económica de los beneficiarios y su participación en el coste de los servicios en la Comunidad Autónoma.
La diputada califica de “indecente” la política aplicada por el Departamento que dirige el consejero Oliván, “porque asfixian a los/as dependientes y a sus familias, anula sustancialmente el alcance del derecho de atención a la Dependencia y, además, rompe un consenso democrático que se alcanzó en su día al aprobarse la Ley”. En su opinión, “el Gobierno del PP nunca ha mostrado interés por gestionarla eficazmente” y denuncia que “el Ejecutivo PP-PAR en Aragón tampoco hace ningún esfuerzo para evitar la pérdida de derechos y prestaciones de las personas afectadas”.
Izquierda Unida, que siempre ha defendido el completo desarrollo de esta Ley, propone en el tercer punto de su moción la puesta en marcha de un plan de inversión pública en la construcción de una red de servicios públicos que sea atendida por personal dependiente de la DGA y que garantice la absoluta cobertura desde el sector público de los derechos generados por la Ley, convocando una oferta de empleo público para atención a las personas dependientes.
Para Luquin, “un Estado que no cumple la Constitución, desde el punto de vista de social, está enfermo” y destaca que “cuando se ataca a los sectores que están intentando ayudar a los más desprotegidos de la sociedad, se están tomando decisiones muy graves porque se está decidiendo sobre la vida y la muerte de las personas”.
Por ello, Izquierda Unida exige al Gobierno de Aragón que pague en tiempo y en forma las plazas públicas concertadas en residencias de mayores gestionadas por los Ayuntamientos o Comarcas para evitar las situaciones de vulnerabilidad y de falta de liquidez que se han vivido este año. Así como, la reposición de plazas vacantes e incremento de plazas públicas para cubrir la demanda existente.