“El brutal recorte que supone la modificación de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno no logrará ahorro sino desproteger aún más a las familias más necesitadas, pensionistas y discapacitados”, manifiesta la portavoz de Sanidad y Bienestar Social de IU Aragón, Patricia Luquin, tras las declaraciones del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia, Ricardo Oliván, en las que reconoció que había en lista de espera más de 9.000 aragoneses/as que tienen reconocida la prestación. Además, Luquin recuerda que ya se ha recortado en un 25 % las ayudas relativas a la dependencia, “lo que supone un detrimento en la calidad de la prestación de la asistencia y pérdidas de empleos relacionados con la aplicación de esta Ley, aprobada en el Congreso hace cinco años”.
Para la parlamentaria de IU, “las medidas de ajuste que se viene aplicando el PP en materia de dependencia hacen inviable garantizar la aplicación de la misma con los parámetros de calidad y prestación necesarios”. “No hace falta recordar –continua- que la atención a la dependencia está reconocida en la propia Ley como un derecho subjetivo, no es ningún privilegio y, al ser un derecho subjetivo, es recurrible vía jurisdiccional, sin embargo, estamos asistiendo a una derogación encubierta de la misma” .
Por este motivo, la parlamentaria de IU ha formulado al consejero Ricardo Oliván varias preguntas relativas a los recortes en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y de Atención a las Personas en situación de Dependencia en Aragón, el pago de las prestaciones reconocidas y la aplicación de la misma.
En concreto, IU reclama al máximo responsable de Bienestar Social en Aragón que explique qué medidas piensa adoptar el Gobierno autonómico para cumplir la Ley y para garantizar el pago o el servicio a las más de 9.000 personas que en Aragón tienen reconocida la prestación y que, a día de hoy, no se les está garantizando, y en qué plazo está previsto. En relación con el anuncio de recortes de un 25% en recursos y ayuda a la atención a la dependencia, Luquin demanda conocer qué medidas piensa tomar para asegurar la calidad en la prestación de los servicios y cuántos empleos se van a ver afectados por los recortes en la aplicación de la mencionada ley.
“Es un recorte indecente porque están atentando contra la gente que ha conseguido que estemos aquí, la que ha luchado y ha conseguido que tengamos conquistas sociales y el Estado de Bienestar y de Derecho que hoy tenemos”, asevera Luquin. “Este recorte –concluye- supone un atentado contra las personas dependientes, contra sus familias y contra el colectivo de profesionales del sector”.