Ya hemos presentado iniciativas en las Diputaciones Provinciales de Zaragoza y Teruel y en los Ayuntamientos donde tenemos representación para que se cumpliera el Plan ante el bloqueo del MARM y el PP las ha estado apoyando.
Reclamamos los fondos presupuestados en este ejercicio y destinados a financiar los 33 Planes de Zona de las Comarcas Aragonesas, aprobados dentro del Plan de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) de Aragón, cuya retención fue anunciada ayer por el consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, tras el Consejo de Gobierno.
A finales de junio conocimos la decisión de la Administración del Estado de bloquear la financiación del PDRS aragonés por incumplimiento de la estabilidad presupuestaria, lo que motivó un rechazo unánime, incluido el PP, en instituciones ante las mociones presentadas por IU, donde exigió a los ministerios de Medio Rural y de Economía desbloquear las partidas, a través de las cuales se articulan importantes medidas e inversiones para mejorar de las condiciones de vida de los habitantes de medio rural.
Medidas para el fomento de la actividad económica y el empleo, la prestación de servicios, la mejora de infraestructuras y equipamientos, la valorización de los recursos turísticos y la conservación del medio ambiente. Son inversiones vitales para nuestros municipios, en estos momentos tan críticos.
Censuramos el anuncio de Bermúdez de Castro para recortar el gasto de 28 millones de euros para inversiones en el medio rural, representando el 56% del recorte total anunciado, máxime cuando horas antes, en comparecencia parlamentaria, el Consejero no hizo ninguna mención al respecto.
Desde el grupo parlamentario de IU, Miguel Aso, exige una aclaración urgente sobre este asunto que considera “prioritario” y sobre el que interpeló al consejero García López, quien únicamente habló de “revisión” de los Planes de Zona. Según el diputado, “la aplicación de los planes de zona es algo irrenunciable porque mejoraran su calidad de vida, ayudaran a crear empleo, a mejorar los servicios e infraestructuras; en definitiva ayudarán a equiparar las condiciones de vida de quienes viven en los pueblos y quienes lo hacen en las ciudades”.
La paralización de la aplicación de la Ley para el Desarrollo del Medio Rural está dentro de las políticas de recortes sociales que ahora elevan a rango constitucional, conjuntamente, PP y PSOE.