El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, amenaza desde hace casi dos años con la inminente presentación de una regresiva y patriarcal propuesta de reforma de la actual Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo. Esta reforma, como se ha dicho hasta la saciedad por mujeres, hombres y colectivos feministas, no sólo supone un paso atrás en los Derechos y Libertades conquistados por las mujeres sino que cierra cualquier posibilidad a la demanda de los últimos 30 años del feminismo en el Estado Español de la urgencia de que exista mayor libertad y protección de un derecho que consideramos fundamental para las mujeres, como es el que permite decidir sobre nuestro propio cuerpo y nuestras vidas. Queremos decidir cuándo queremos y cuándo no queremos ser madres.

La ley actual es una ley de plazos, pero con la reforma se volvería a un modelo de supuestos donde sólo se podría abortar en caso de violación, de riesgo para la vida de la madre o de malformación del feto; En este último caso, todo indica que sólo se podrá interrumpir el embarazo en caso de que la malformación sea muy grave y no especifica cuáles son esos casos. Los niños y las niñas que vengan a este mundo tienen derecho a hacerlo siendo deseados. Se podría decir que más allá del feminismo, es intolerable seguir castigando a las mujeres desde que alguien dijo alguna vez que éramos los problemas de la humanidad por morder una manzana. La despenalización total del aborto más allá de una exigencia, es una obligación que debieran tener en sus proyectos políticos, las personas que pretenden dirigir y gestionar un Estado democrático y aconfesional. Una regulación que tenga como eje el derecho de las mujeres a decidir libremente si desean o no ser madres y en qué momentos de sus vidas; una regulación que de respuesta a la realidad del aborto en nuestro país. Que la prestación se proporcione dentro de la red sanitaria pública, garantizando la universalidad de la misma.

Del mismo modo, es un insulto para las mujeres y hombres inteligentes, que el gobierno del PP aplique además una doble moral, excluyendo de un lado del Sistema Público de Salud el acceso a métodos anticonceptivos fiables, seguros, gratuitos y como prestación universal e inmediatamente tome decisiones unilateralmente (en mi barrio eso tiene un adjetivo) y de otro, despojando a algunas ciudadanas de derechos fundamentales, como lo refleja la decisión de dejar de financiar desde la sanidad pública la reproducción asistida a mujeres solas o lesbianas. Se deniega determinadas oportunidades y derechos a quienes no se lo pueden pagar.

Nadie podrá ser discriminado por razón de sexo (art.14 de la C.E.) o condición personal y social. Si no se pretende cumplir y hacer cumplir la Constitución tal como juraron al tomar su cargo, deberían marcharse por donde han venido y pagar por sus pecados.

Hablemos claro, estamos ante un descarado  control y recorte en derechos, que no persiguen otro objetivo fundamental que el de  reforzar los roles de genero tradicionales y la vuelta al hogar de las mujeres. Intereses patriarcales que pretenden relegar a la mujer a un papel en el que necesita el permiso y la tutela para tomar decisiones que le afectan directamente a ella, mantener una posición de subordinación y dependencia.

Las mujeres no necesitan leyes proteccionistas que las releguen a la posición de seres inmaduros e indefensos. Las mujeres son sujetos plenos de derechos y, por tanto, tienen capacidad para tomar sus propias decisiones de forma autónoma e independiente. No vamos a permitir que el PP las sitúe nuevamente en el roll de madre, esposa y cuidadora.

El mercadeo de los Derechos de las Mujeres. A la demanda de recortes ideológicos, oferta de lapidación de las libertades humanas.