El asunto de la limpieza viaria, servicio público que realiza la empresa FCC, ha dejado al aire, a la vista de todo el mundo, una serie de cosas.

La primera de ellas, las consecuencias de las privatizaciones. No me extenderé mucho en ello, ya que las hemos relatado en innumerables ocasiones, pero, sobre todo, porque es la propia realidad la que ha desmontado el tópico falaz de que las privatizaciones ahorran dinero a la administración, y que, por tanto, son positivas para la ciudadanía. Basta con decir aquí que la privatización es precariedad y que la precariedad es pobreza. Ese es el coste social que pagan los trabajadores. Cada vez que se privatiza un servicio público, nuestra sociedad se empobrece más. Ese es el beneficio que deja para la ciudadanía.

La legislación laboral acompaña a la perfección este empobrecimiento de los trabajadores y trabajadoras. Ahora la precariedad laboral se propaga por doquier, y es la administración, con sus privatizaciones, quien la promueve. En este contexto, los forajidos se sienten como en el lejano Oeste, impunes para al final, imponer su ley…. porque, ¿qué hace el sheriff en estos casos?

Nuestra sheriff, Ana Alós, con su ayudante, Gerardo Oliván, han entregado las armas, después de dar un par de tiros al aire, eso sí…  Ya han dicho que, si no se respetan los derechos laborales de los trabajadores de FCC, nada pueden hacer, que es cosa de empresa y trabajadores y que no pueden intervenir.  Pero si que han intervenido, y tanto que lo han hecho, porque aquí, inhibirse, es posicionarse al lado del fuerte, e inhibirse es no gestionar bien el dinero público. Veamos.

Estalló el conflicto laboral, salen a la luz las flagrantes las condiciones laborales, 600 euros de salario, unas instalaciones para vomitar, temporalidad en los contratos, despidos aleatorios, etc. Los trabajadores no están dispuestos a tragar con todo. Denuncian y pelean por sus condiciones laborales.  La alcaldesa afirmó entonces haber hecho serias advertencias a FCC: “manejamos todos los escenarios, incluso la resolución del contrato”, dijo, “apoyamos a los trabajadores” apostilló. Se comienza a hacer un seguimiento del servicio y se abren dos expedientes, que al final no han sido más que dos tiros al aire, inofensivos para un forajido al que no se le intimida fácilmente.

El primero de esos expedientes es por posibles incumplimientos en la prestación del servicio.  Yendo mucho más allá de las faltas leves que se señalaban, desde Izquierda Unida insistíamos una y otra vez en que esos incumplimientos eran mucho más importantes, que consistían en que la empresa deliberadamente no estaba proporcionando todos los recursos comprometidos en el contrato. Pero ese primer expediente se salda con una sanción de importe “exorbitante” que ha dejado a las Koplovitz temblando: 1.600 euros (no, no le faltan ceros a esta cifra). Con este tiro al aire de la sheriff, el forajido saca su primera conclusión: puede seguir saqueando, le sale a cuenta.

Simultáneamente, el segundo de los expedientes se abría con un informe jurídico municipal que apoyaba el hecho de que no se estaba cumpliendo con una cláusula esencial, de obligado cumplimiento, la de dar estabilidad laboral. Eso podía llevar consigo sanciones económicas e, incluso, la resolución, la rescisión del contrato.  Me pareció que nuestra sheriff apuntaba al tema laboral con decisión. Fuí víctima de un espejismo, y es que, aquí, en el desértico y lejano oeste, hay muchos y hay que andar con cuidado. Este expediente se cierra poco después absolviendo a FCC y simplemente recordándole que cumpla con eso de la estabilidad laboral. Cero sanciones, de rescisión ni hablamos. Segundo tiro al aire. Un tercer expediente se abre con los posibles incumplimientos del mes de mayo, otro rosario de faltas leves que acabarán con otra multa de importe ridículo. Al tiempo.

El mismo día que se cierran estos expedientes municipales, FCC, con la tranquilidad que le proporciona la impunidad, arremete contra los trabajadores y les abre expedientes disciplinarios mientras comienza a ignorar las condiciones firmadas en el recién firmado convenio. El forajido impone su ley.

Mientras, desde IU, seguíamos reclamando que se incluyesen los incumplimientos una y otra vez denunciados, nos oponíamos a que se cerrasen ambos expedientes de semejante forma, uno sin sanción y otro con multa ridícula, elaborábamos una concienzuda propuesta de cláusulas sociales para las contratas, proponíamos que se crease un observatorio de la contratación, una vez que se había constatado que el Ayuntamiento era incapaz de controlar con seriedad sus contratas, un instrumento útil para ejercer ese control y para que las contratas municipales introduzcan criterios sociales que, entre otras cosas, eviten la precariedad laboral.  Pero a la sheriff del poblado no le gusta. No prospera la idea. No hace falta, dice, mejorar el control de las contratas, que es suficiente. Tal es ese control y tal es la preocupación por los criterios sociales que al Ayuntamiento le pasa desapercibido que, en su oferta, FCC había presupuestado salarios por debajo del SMI, una ilegalidad manifiesta. Ese es su control.

En toda esa secuencia de acontecimientos, también los tahúres juegan su papel. Los tahúres, esos personajes que también pululan por el Oeste, que hacen trampas en las partidas de póker, esconden las cartas, te timan a la que te descuidas. Esos tahúres que, en los órganos de decisión votan una cosa pero en público se convierten en adalides de todo lo contrario. Porque en efecto, tanto Psoe como Cha apoyaron el cierre del expediente de estabilidad laboral sin sanción alguna, es más, la nueva y sorprendente Cha municipal incluso apoyó dar carpetazo a los incumplimientos apoyando la ínfima sanción de los 1.600 euros. Claro que, para poder defender lo contrario hay que tener argumentos, y los argumentos fundamentados se obtienen trabajando los asuntos, estando al lado y del lado de los trabajadores cada día, no vendiendo falsos crecepelos, que también se da mucho aquí, en el Oeste. Ambos tahúres se seguirán rasgando las vestiduras, pero ambos han apoyado a Alós en este asunto.

Así hemos llegado hasta el pleno del día 6 de agosto. Los trabajadores siguen denunciando que no se cumple, entre otras muchas cosas, con la estabilidad laboral. Sólo 13 contratos por obra y servicio contra 19 contratos temporales, jornadas parciales, contratos que no se renuevan…. Vamos, cualquier cosa menos estabilidad para un servicio que aumenta en sus dimensiones cada seis meses, por lo que no se justifica de manera alguna la temporalidad. La respuesta de la Alcaldesa es que se trata de una relación entre trabajadores y empresa y que el Ayuntamiento no puede actuar. Fin de la historia. Se inhibe, sin más explicaciones. Ahora ya, ni siquiera un tiro al aire. Si Ana Alós creyese que tiene razón, daría sus argumentos, pero no lo hace. Esa inhibición y ese silencio dicen demasiadas cosas. Suponen alinearse con FCC. Ella sabrá porqué.

Que cada cuál saque sus conclusiones, pero aquí, en el lejano Oeste, mandan los forajidos. Por ahora.

 

Pilar Novales Estallo.

Portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Huesca.