Pocos debates presupuestarios se han dado en un parlamento tan plural y complejo. Sin un bipartidismo que tutele la vida política y con el necesario concurso de distintas fuerzas políticas para que los PGE salgan adelante, su éxito dependerá de que PSOE y nacionalistas entiendan lo que está en juego, cumpliendo con los acuerdos, unos, y evitando sobreactuaciones electoralistas y victimismos, ambos.
En este escenario hay que tener muy presente lo importante, que para Izquierda Unida es acabar con una década de recortes, privatización y expolio de lo público y con la pobreza y precariedad que esto ha generado. Tenemos 1,7 millones de empleos menos que antes de la crisis y el 28% de la población en riesgo de pobreza o exclusión. Esto se debe a que los salarios han adelgazado (más de 35.000 millones de €/año) mientras los beneficios empresariales crecen.
Este propósito exige, además de presupuestos, cambios legislativos. Ambas cuestiones han sido objeto de negociación con el Gobierno. El resultado son unos presupuestos que recogen solo en parte las cuestiones planteadas por IU y el grupo confederal de UP.
Entre las medidas recogidas están la subida del SMI un 23%, la revalorización de pensiones, la recuperación del paro para mayores de 52 años, la derogación de algunos de los elementos de la reforma laboral de 2012, medidas en materia de vivienda con un incremento del 41% o el destinado a ayudas a la dependencia del 59%, entre otras.
Esto hubiese sido impensable sin nosotras. Pero podría ser más si el PSOE cumpliese incrementando el techo de gasto a lo acordado con la Comisión Europea para no perder 6.200 M€, o incluyendo nuestra propuesta fiscal (impuesto a la banca, limitación de exenciones a grandes empresas en la repatriación de beneficios en el Impuesto sobre Sociedades, etc.) Ya que para hacer justicia y política social el reparto de la riqueza es paso ineludible.
A lo anterior sumamos otros incumplimientos que nos alejan del acuerdo. ¿Dónde está la retirada de las leyes mordaza?, ¿dónde los cambios legislativos para resolver los problemas de alquiler?, ¿dónde están las medidas para la lucha contra la despoblación?, ¿qué va a pasar con la política industrial, la vertebración territorial, el ferrocarril convencional?, ¿para cuándo la derogación de la reforma laboral?, ¿qué hay de los cambios en el estatuto de los trabajadores?.
Y qué decir de Aragón, que en 10 años ha perdido el 50% de la inversión del Estado, algo difícil de revertir con estos presupuestos aunque vayan en la buena dirección. Estos PGE siguen hablando de demandas históricas insatisfechas y dicen poco de la voluntad política y las alternativas industriales que precisan lugares como nuestras comarcas mineras.
El PSOE debe dar respuesta a estas cuestiones, está en su mano cumplir con la izquierda si quiere que estos PGE sean más útiles para la mayoría social y frenen la ola reaccionaria que persigue acabar con nuestros derechos y libertades.
Álvaro Sanz, Coordinador General de IU Aragón.