El grupo parlamentario de IU Aragón denuncia el recorte de derechos fundamentales que supone dejar sin servicio de orientación jurídica a inmigrantes. Una denuncia que Izquierda Unida realiza tras conocer que la DGA ha decidido, de forma unilateral y sin aviso oficial, cesar la financiación, por extinción de contrato, del Servicio de Atención y Orientación Jurídica para Inmigrantes (SAOJI) del Colegio de Abogados.
“El Colegio de Abogados ha prestado este servicio durante dos décadas y ha recibido el reconocimiento desde diversos ámbitos, tanto jurídicos como políticos y sociales, sin embargo, parece ser que el Departamento de Salud, Bienestar Social y Familia ha decidido elegir a otra institución para prestar ese servicio basándose en exclusivamente criterios económicos, es decir, sin considerar la calidad, la eficacia y la eficiencia, cuestiones fundamentales en las prestaciones sociales”, señala Patricia Luquin, portavoz de Bienestar Social de IU en las Cortes.
Para la diputada, esta decisión supone “un recorte más y una pérdida de calidad en una prestación y un servicio que ha dado unos excelentes resultados en sus 20 años de trayectoria”. Por ello, ha solicitado al consejero del ramo, Ricardo Oliván, que informe ante el Pleno de las Cortes de las razones que han llevado a su Departamento a dejar sin financiación, prácticamente de un día para otro, al SAOJI del Colegio de Abogados”.
“Esta decisión nos desagrada profundamente pero, lamentablemente, ya no nos sorprende porque responde a la hoja de ruta marcada por el Partido Popular para el desmantelamiento de los servicios públicos y un nuevo ataque a la población inmigrante”, asevera Luquin para reiterar la denuncia de su formación política por la “política anti social del Partido Popular que ataca a las personas más desfavorecidas”.