El BOA de hoy publica el remate de la residencia de mayores Turia con un plan de empleo para amortizar 6 puestos y redistribuir a 54 trabajadores. La orden publicada se refiere al “cierre de dicha Residencia en tanto se ejecutan las medidas correctoras previstas en la normativa de seguridad”, “en tanto las posibilidades presupuestarias y técnicas no permitan su correcta adecuación”. El lenguaje del BOA recuerda al que se publicaba antes del desmantelamiento de la residencia de estudiantes Luis Buñuel, cuando hablaban de “proceder a su adaptación a la normativa contra incendios y de accesibilidad, así como para la obtención de la correspondiente licencia de actividad”. Habría que preguntar al funcionario encargado de estas imaginativas redacciones, con cuál de las diferentes versiones de todas las que el Gobierno de Aragón ha defendido durante estos procesos de cierre ha preferido quedarse. Pero el hecho es que hoy se sentencia la muerte de un servicio público más, afectando a un sector de la población con grandes necesidades, como son las personas mayores y en una provincia que arrastra un importante déficit de servicios.
En respuesta escrita del Consejero a nuestro grupo parlamentario en las Cortes con fecha 26 de noviembre de 2012 se cifraba en 293 las personas que hay en lista de espera para acceder a una residencia en la provincia.
Si además consideramos la reducción de ayudas a las personas dependientes y el endurecimiento de los requisitos de acceso a las mismas, nos encontramos ante un drama social que deja sin una asistencia adecuada a muchas personas mayores en una provincia cada vez más envejecida.
Desde Izquierda Unida lamentamos el cierre que hoy se concreta y una vez más exigimos al Gobierno de Aragón un cambio radical en sus políticas sociales.