Miguel Aso, ha registrado hoy una Proposición no de Ley sobre el acuerdo de liberalización de productos agrícolas con Marruecos aprobado hoy por el Parlamento Europeo.

Sobre este acuerdo, Aso alerta que “tendrá efectos devastadores para las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas” y detalla que este “pacto” puede traer consigo la un descenso de 450.000 puestos de trabajo en España, la desaparición de 250.000 explotaciones hortofrutícolas y pérdidas de 8.500 millones de euros en las explotaciones españolas.

A su entender, “este acuerdo basado en la competencia desleal que supone que el salario medio en Marruecos es de 5€ por día, mientras que en España es de 50, solo beneficiará a las grandes multinacionales europeas de la alimentación y a los grandes terratenientes marroquíes, entre ellos, y sobre todo, al rey de Marruecos, que sigue siendo el mayor propietario de tierra agrícola fértil».

Además, denuncia “en este acuerdo sigue sin tenerse en cuenta algo fundamental a la hora de abordar el comercio: la calidad democrática y social de los productos, las condiciones de explotación que padecen los agricultores marroquíes y el dumping social que supone liberalizar para hacer competir vía precio a los productos agrícolas europeos con los marroquíes”. “Se sigue sin exigir a Marruecos que cumpla y garantice unas mínimas condiciones sociales, laborales y fitosanitarias”, añade.

Ante esta situación, Aso reclama en esta Proposición no de Ley que las Cortes de Aragón rechacen la aprobación del acuerdo de liberalización de productos agrícolas con Marruecos, por considerar que van a perjudicar muy seriamente a los pequeños y medianos productores aragoneses. Además, reclama que la Cámara inste al Gobierno de Aragón para que se dirija al Gobierno central para que estudien y pongan en marcha las oportunas indemnizaciones al sector y, en colaboración con las Organizaciones de Productores Agrarios, estudie por los servicios jurídicos del Gobierno de España, la posibilidad de que pueda recurrirse el acuerdo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.