El concejal Pablo Muñoz entiende que “es intolerable que los trabajos a la comunidad se realicen en una empresa privada supliendo la labor de sus trabajadores”

El consejero de Acción Social, Roberto Fernández, ha informado, a raíz de una pregunta de IU que, de las 506 infracciones de la ‘Ordenanza Cívica’, se han sustituido por servicios a la comunidad en 494 casos y que, de ellos, más de la mitad (265) han sido en labores de limpieza dentro de la entidad concesionaria FCC.

La Ordenanza de Protección del Espacio Urbano, comúnmente denominada ‘Ordenanza Cívica’, establece que estos trabajos a la comunidad deberán ser “asistencia a charlas o convivencia ciudadana (…) sin sujeción laboral alguna y sin carácter retributivo” y con «el fin de comprender la gravedad de hechos y consecuencias».

Muñoz ha criticado duramente que “los trabajos de servicios a la comunidad se desarrollen en una empresa, que además es concesionaria y precisamente en relación con su objeto de negocio”. “No se puede hacer educación en una empresa privada –continúa- y es grave si se están supliendo los trabajos que deberían realizar trabajadores con voluntarios en un posible fraude de ley por parte de la concesionaria”. Muñoz ha anunciado que pedirá una relación concreta de los trabajos realizados por estos voluntarios.

Además el edil de IU ha reafirmado su posición contraria a la ordenanza “por las infracciones que plantea” y además “por las penas (superiores a las del código penal para acciones equiparables, faltas penales) en la cuantía económica y en la sustitución por esa prestación”. Además, ha recordado que “si se quisiera una labor educativa en esas acciones sustitutivas hay que valorar la entidad, el programa y la actividad a desempeñar porque las penas en el caso de los menores (según establece la ley del menor) deben tener orientación educativa”.

De los 494 casos de trabajos a la comunidad, también se han desarrollado 77 en Cruz Roja, 69 en DFA, 47 en la Parroquia del Carmen, 26 Consejo de la Juventud de Zaragoza y 11 Asociación de Promoción Gitana. Muñoz ha destacado en su intervención que “la concesión de una subvención no debería obligar a aceptar este tipo de voluntarios forzosos, sino que deberían ser las propias entidades las que pudieran decidir si encajan en los programas que desarrollan o no”.