El responsable de política municipal y autonómica, Pablo Muñoz, pide “que se cuente con la opinión de los sectores sociales implicados en la definición de competencias”. Asimismo, ha propuesto la creación de una mesa social en la que los trabajadores afectados puedan participar.

 El Responsable del Política Municipal de Izquierda Unida de Aragón, Pablo Muñoz, ha exigido hoy al Gobierno de Aragón que “cumpla con su obligación y responda las solicitudes de mantenimiento de todas las competencias que le han ido haciendo llegar los diferentes ayuntamientos”, en relación a la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad, también conocida como Ley Antiayuntamientos. Muñoz considera que “la legislación actual contempla la posibilidad a que el Gobierno de Aragón autorice el mantenimiento de las competencias de manera excepcional”.

De hecho, Muñoz ha acusado directamente al Gobierno de Aragón de “crear confusión en todos los ayuntamientos de manera que no quede claro quién pone en peligro los servicios y sobre todo los de acción social”. En este sentido, ha recordado que “Rudi ha vuelto a incumplir, pues en una interpelación de la portavoz de IU Patricia Luquin del 25 de abril dijo que en quince días respondería la solicitud de Zaragoza y, ni lo ha hecho, ni parece tener intención”.  Esta situación, según ha insistido Muñoz “está poniendo en riesgo muchos servicios y especialmente los relacionados con educación, juventud, cooperación o servicios sociales cuyos convenios y ayudas están paralizados”. Según la Disposición Transitoria Segunda de la Ley  “con fecha 31 de diciembre de 2015 (…) la comunidad autónoma asumirá (…) los servicios sociales y de promoción y reinserción social” pero para ello previamente tiene que elaborar con todos los ayuntamientos y también con el de Zaragoza “con carácter previo un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los servicios” para el cual, ha exigido Muñoz “se debe contar con el aporte de las entidades sociales, por lo que hay que crear una mesa social con las entidades y los trabajadores sociales implicados para conocer su opinión”.

No en vano, el propio Ayuntamiento de Zaragoza aprobó la solicitud en el pleno de marzo y decidió políticamente que mantendría todas las competencias, elevando una solicitud al propio Gobierno de Aragón. En este sentido, el portavoz municipal de IU en el Ayuntamiento de Zaragoza, José Manuel Alonso, ha destacado que “si el  Gobierno de Aragón no responde en plazo, el Ayuntamiento de Zaragoza se lo exigirá por los tribunales” haciéndose eco del acuerdo alcanzado con PSOE y CHA a este respecto.