Patricia Luquin y Paloma Lafuente han criticado duramente las últimas medidas discriminatorias del PP, en relación a la interrupción voluntaria del embarazo, y la salida del sistema público de salud de los anticonceptivos orales y la reproducción asistida para mujeres solas o lesbianas. Asimismo, han lamentado el anuncio de que sólo computaran para las estadísticas de violencia machista las mujeres que hayan sido ingresadas al menos 24 horas por una agresión.
Izquierda Unida ha pedido al Ejecutivo autonómico que garantice a todas las aragonesas el acceso a la reproducción asistida y a la Interrupción Voluntaria del Embarazo. También quiere conocer su opinión en sede parlamentaria sobre la posible retirada de anticonceptivos orales de la financiación del sistema de salud y cuáles serían las alternativas para las mujeres, en caso de llegar a producirse.
La formación ha solicitado, además, la comparecencia de la directora del IAM, Pilar Argente, para que explique las medidas y actuaciones que se acometerán para luchar contra la violencia de género.
La portavoz de Sanidad de IU, Patricia Luquin, ha considerado “fundamental e importante” estas comparecencias para conocer la posición del Gobierno de Aragón y ha remarcado que su formación “no va a consentir que se intente retrotraer a las mujeres a los años 50”.
También está previsto que se lleven a cabo iniciativas en las Cortes de Aragón y en los ayuntamientos donde IU tenga representación y movilizaciones en la calle. Todo ello para “denunciar, cuestionar e intentar frenar estas agresiones constantes a los derechos y libertades conseguidos por las mujeres”, tal y como ha indicado la responsable de Política Social e Igualdad, Paloma Lafuente.
Paloma Lafuente ha criticado la decisión de Ana Mato de excluir de las estadísticas por violencia de género a todas aquellas mujeres que no hayan sido, al menos, hospitalizadas durante 24 horas tras una agresión.
Lafuente ha subrayado que todas esas “agresiones” tienen “un claro tinte machista y de retroceso en el tiempo para que las mujeres estén en casa sumisas y sometidas a los dictámenes de maridos o parejas”. Denuncia que la discriminación, en contra del artículo 14 de la Constitución, es triple: de género, por orientación sexual o estado civil y de clase, “porque sólo las mujeres con recursos económicos podrán tener libertad para influir en su planificación familiar”.