“El consejero Oliván ningunea a las Cortes de Aragón y demuestra falta de información y de transparencia”, denuncia la portavoz parlamentaria IU en las Cortes, Patricia Luquin, en relación con la gestión del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia de los centros de protección de menores de titularidad pública en Aragón. Una denuncia que la portavoz realiza ante las declaraciones del consejero durante su comparecencia en el Pleno el pasado 2 de octubre y la publicación, al día siguiente, de los pliegos de prescripciones técnicas que regirán los contratos de los servicios para la contratación de la gestión integral hogares infantiles y pisos tutelados.
En concreto, Oliván compareció a petición de IU en el Pleno sobre este asunto y, a pesar de haber firmado la orden de los pliegos el 24 de septiembre, “no dijo nada y al día siguiente apareció publicado por el IASS, el 3 de octubre, diez días después de la firma”, señala Luquin.
IU solicitó la comparecencia del consejero para que informara detalladamente de la renovación de los contratos de programas de menores de titularidad pública en Aragón. “Oliván tuvo la poca vergüenza de no decirnos que la orden estaba firmada”, critica Luquin para recordar el mantra del PP sobre el “buen gobierno y la transparencia”. “Mantra que no cumple porque su gestión es, además de nefasta, opaca”, añade.
Una vez conocida la información, Izquierda Unida advierte que la licitación de contratos ha sufrido un importante recorte en la cuantía y, por ello, “serán las entidades sociales las que tengan que sufragar los gastos derivados de conceptos de vestido, calzado, farmacia, desplazamientos, material escolar, actividades de ocio, transporte, campamentos, propinas, etcétera”, explica la portavoz.
Por ello, ha solicitado al Gobierno de Aragón que informe a su grupo parlamentario de la cuantía a la que ascendió el gasto de la administración de la comunidad autónoma de Aragón, desglosado por centros y anualidades, en los citados conceptos, tal como aparece en el contrato de pliego de prescripciones técnicas que regirán el contrato del servicio de gestión educativa en centros propios de menores dependientes de la dirección provincial del instituto aragonés de servicios sociales de Zaragoza durante el periodo de 1 de junio de 2010 a 31 de mayo de 2014.
“Nuestras dudas sobre la actuación del Departamento en materia de menores y nuestra preocupación por la precarización que ya están sufriendo los servicios de atención al menor se han confirmado con la actuación de su máximo responsable, Ricardo Oliván”, asevera Luquin, para exigir al Gobierno que asuma estas cuantías que afectan a las necesidades básicas del menor.
Cabe recordar que estas necesidades deben estar cubiertas por Ley”, advierte Luquin en relación con el artículo 3 de la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón que señala que son los poderes públicos los que garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a dicha ley. Además, en su artículo 5, establece expresamente que “(l)la Administración de la Comunidad Autónoma tendrá entre sus prioridades presupuestarias las actividades de prevención, atención y reinserción de la infancia y la adolescencia (…) En todo caso, el contenido esencial de los derechos de los menores no podrá verse a afectado por falta de recursos básicos”.