Izquierda Unida traslada de nuevo a las Cortes la situación en la que se encuentran los centros de protección de menores de titularidad pública en Aragón y los trabajadores y trabajadoras del Centro de Observación y Acogida 2 (COA) que, desde el pasado 1 de noviembre, secundan una huelga indefinida, aunque el Gobierno de Aragón ha establecido los servicios mínimos con el 100% de la plantilla.
Una huelga convocada ante el recorte aplicado por el Departamento de Bienestar Social y reflejado en las bases del concurso publicadas el pasado 3 de octubre y en el que el presupuesto fijado “hace que sea insostenible garantizar el servicio de atención a los menores con garantías de calidad y seguridad, cabe recordar que este servicio se presta 24 horas los 365 días del año”, explica la portavoz parlamentaria de IU, Patricia Luquin.
La decisión de Bienestar Social no sólo perjudica a las y los trabajadores sino que afecta de forma directa a los derechos de los menores que están en protección, razón por la que la plantilla del COA 2 ha iniciado el paro indefinido.
Los centros de protección de menores, “en teoría”, son los destinados al desarrollo integral de la personalidad de los menores, acogiendo, cuidando y educando a los que por motivos de protección deban ser separados temporal o definitivamente de su núcleo familiar o entorno social. Por ello, Izquierda Unida insiste en la importancia de que los las condiciones en las que se saca a concurso los centros de protección de menores garanticen con recursos suficientes tanto económicos como de personal, los derechos esenciales y básicos de los menores.
“Sin embargo, las bases del concurso publicado por el Departamento que dirige el consejero Oliván ponen de manifiesto la precarización a la que van a someter este servicio que, a día de hoy, es 100% público y que está amparado por los artículos 3 y 5 de la Ley de la infancia y la adolescencia de Aragón”, señala Luquin, para detallar que este artículo establece que son los poderes públicos los que garantizarán el respeto de los derechos de los menores y adecuarán sus actuaciones a dicha Ley.
A esto, ahora hay que añadir que el Gobierno de Aragón, ante la huelga, ha establecido los servicios mínimos en el 100% de la plantilla. En este sentido, Luquin informa que ningún responsable de la atención a menores del Instituto Aragonés de Servicios Sociales asistió al acto de conciliación previa a la huelga de las y los trabajadores del COA. Para conocer cuáles son los motivos por lo que no asistieron, la parlamentaria de IU preguntará al consejero Oliván ante el Pleno de las Cortes.
Concentración ante La Aljafería
A estas movilizaciones se suma el comité de empresa de Federico Ozanam, entidad que gestiona buena parte de los Hogares Infantiles y Residencias incluidos en estos pliegos, por ello han convocado mañana jueves, 6 de noviembre, 9,45 h, ante la sede de las Cortes de Aragón (en la puerta de la avenida de Madrid), en la que participaran los dos comités de empresa (Ozanam y Faim) y la Plataforma de Educadores/as en Lucha, para denunciar este “recorte encubierto” en presupuesto y en personal y que obliga a la empresa adjudicataria del servicio a sufragar todos los gastos derivados de vestido, calzado, farmacia, material escolar, etc y los y las trabajadoras a asumir nuevas funciones antes realizadas por el personal de la DGA. Además, según las condiciones del pliego, se recorta el número de educadores de atención directa. El recorte en el presupuesto y en la plantilla y el aumento de funciones supondrán poner en alto riesgo a los menores atendidos en estos centros y que no hay que olvidar que son niños y adolescentes que sufren maltrato, abandono, precariedad económica, abuso sexual, desamparo, enfermedad mental, problemas de conducta o se encuentran solos.
Así, IU que apoya la movilización, también respalda las reivindicaciones de los convocantes que exigen a Oliván la paralización y corrección de los pliegos de condiciones del COA y del resto de recursos, el aumento de la partida presupuestaria y del número de educadores de atención directa. Además reclaman que los gastos de manutención de los menores sean asumidos, como venía haciéndose hasta ahora, por las instituciones públicas y que el Gobierno de Aragón cumpla con la legislación vigente.