El eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, planteó ayer en el seno del Parlamento Europeo la necesidad de que los responsables políticos exijan a los cuerpos de seguridad del Estado que cumplan con la ley y vayan visiblemente identificados en el ejercicio de sus funciones.

Meyer inició su intervención haciendo eco al último informe de Amnistía Internacional en el que la organización también denuncia la impunidad de los abusos policiales en las últimas protestas y denunció que «algunos gobiernos están ordenando cargas policiales y hostigamiento contra las manifestaciones que protestan por los recortes que sufrimos, sobre todo, en el sur de Europa».  

El Responsable de Política Internacional centró su intervención en denunciar «el problema que tenemos en España derivado de que los responsables políticos de las fuerzas de seguridad del Estado, y más concretamente de los antidisturbios, están permitiendo que los agentes actúen sin la identificación personal visible conforme marca la ley».

«Este hecho -continuó Meyer- conlleva que cualquier carga policial desproporcionada y cualquier abuso contra los ciudadanos quede impune al no ser posible individualizar las agresiones ya que no puede identificarse al infractor».

Ante las violentas cargas policiales en las últimas protestas, el europarlamentario quiso dejar claro que «la responsabilidad última es política, no de la policía sino de las personas encargadas de dar las órdenes» e hizo un llamamiento para «garantizar que ni en España, ni en ningún otro país de la Unión Europea, quede impune ningún abuso ni actuación violenta de un agente contra ciudadanos y ciudadanas ejerciendos sus derechos».

Asimismo, el diputado europeo de Izquierda Unida, denunció esta semana, a través de una batería de preguntas escritas, «la campaña de hostigamiento del Gobierno español contra unas protestas que han demostrado su carácter pacífico, atemorizando a los ciudadanos a ejercer su legítimo derecho a la protesta pacífica a través de la constante criminalización de los activistas y de la imposición de sanciones económicas para atemorizar y poner trabas a las protestas».

Igualmente, Meyer se dirigió a la Comisión Europea para señalar la censura audiovisual que quiere imponer el Gobierno en Internet, agravando aun más la indefensión ante posibles abusos de los agentes, y que pone en riesgo tanto la labor de los periodistas como la libertad de expresión y  el derecho a la información.

Por todo ello, el Vicepresidente de la Comisión de Peticiones afirmó estar «muy preocupado porque se está poniendo en riesgo e incumpliendo deliberadamente derechos y libertades fundamentales recogidos tanto en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE como en la Declaración Universal de los Derechos Humanos».