Izquierda Unida reclama que el Fondo Social de Vivienda (FSV) sea obligatorio. Una reivindicación que realiza tras el fracaso de este Fondo, que nació en enero de 2013 tras la firma del Gobierno central, la FEMP y las entidades financieras de un convenio para el alquiler social de las viviendas en manos de entidades financieras y destinado a personas sin recursos, en concreto, para personas desahuciadas a partir del 1 de enero de 2008.

La gestión de este fondo se realiza directamente por las entidades financieras de manera que los ayuntamientos que se adhieran como entidad colaboradora simplemente realizan un informe social para valorar los requisitos. Cabe recordar que Zaragoza Vivienda, mediante el programa de oficina antidesahucios promovida por Izquierda Unida, se adhirió a la misma ofreciéndose a todas las entidades financieras sin recibir a penas respuesta.

Sin embargo, transcurrido un año y medio desde su puesta en marcha, el FSV ha tenido poca utilidad. El concejal y representante de IU en Zaragoza Vivienda, Pablo Muñoz, explica que uno de los motivos del fracaso es que “el fondo es muy restrictivo y ese reconocimiento viene de las múltiples reformas que ha tenido, la última hace unos días”. En su opinión, “el principal problema es que el fondo es voluntario para las entidades bancarias, incluso para las rescatadas a las que no se les pide ni tan siquiera que destinen su vivienda desocupada al mismo”.

Izquierda Unida lamenta que el FSV ha tenido escasa o nula repercusión en Aragón y, por tanto, no ha cumplido el objetivo por el que fue creado: resolver los problemas de familias afectadas por los desahucios.

Cabe recordar que el convenio implicaba la participación activa de los ayuntamientos para facilitar a las entidades de crédito que lo requirieran los informes de los Servicios Sociales de Atención Primaria de las familias solicitantes de estas viviendas.

Para Muñoz, “este Fondo fue promocionado por el Gobierno del PP a bombo y platillo para contrarrestar la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular de dación en pago retroactiva que presentó en el Congreso la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con más de 1.400.000 firmas”.

Por su parte el portavoz de Obras Públicas y Vivienda de IU en las Cortes, Miguel Aso, señala que el Fondo, que pensaba contar con una bolsa de 6.000 viviendas que se ofertarían a familias desahuciadas por un alquiler social de entre 150 y 400 euros al mes, ha sido “contraproducente”. En su opinión, “las administraciones lo han usado como excusa para no promover acciones en amparo de las personas afectadas por las hipotecas”.

Ante esta situación, tanto Muñoz como el Aso, han solicitado amplia información sobre el fondo. En concreto, el concejal de IU preguntará por el número de informes realizados por la Oficina en la próxima sesión de Zaragoza Vivienda y Miguel Aso ha solicitado al Gobierno de Aragón que explique qué gestiones ha realizado el Departamento de Vivienda para colaborar con el impulso a este fondo, si tiene conocimiento del número de viviendas que han podido ser utilizadas por aragoneses y cuál ha sido la distribución por municipios.