El candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón, Álvaro Sanz, y la candidata a las Cortes, Marga Deyá, han estado esta mañana en centro financiero de la capital aragonesa para defender una fiscalidad más justa y progresiva, de manera que pague más quien más tiene y favorecer así el mantenimiento de los servicios públicos de calidad sin ahogar a las familias que son quienes soportan la carga fiscal en este país.
El debate no es si bajar o subir los impuestos sino a quién se le bajan y a quien se le suben los impuestos porque “el sostén de lo público corre a cargo de las familias trabajadoras que, a través del IRPF y del IVA, soportan el global de la carga fiscal de esta Comunidad”, ha explicado el candidato a presidir el Gobierno de Aragón. “Mientras se incrementaba ese peso sobre las familias trabajadoras, el impuesto de Sociedades se ha rebajado a la mitad, esa es la propuesta de salida de la crisis de las derechas y del PSOE”, ha señalado Sanz para explicar que lo que pretendemos con nuestras propuestas en materia de fiscalidad “invertir esta lógica”. Defendemos subir los impuestos a las rentas más altas y a los beneficios de las grandes empresas, muy especialmente de los bancos, de los grandes centros comerciales y de empresas con sedes en paraísos fiscales, como Google y Amazon.
“No podemos tener los servicios públicos de Suecia con la presión fiscal de Bulgaria – ha continuado- y en Aragón, además, estamos por debajo de la media del conjunto del Estado”. “Es mentira que se pueda hacer más con menos y para tener más recursos para educación, sanidad, dependencia y vivienda, tal y como reivindica la sociedad, tenemos que tener una fiscalidad progresiva donde paguen más los que más tienen”, ha aseverado Sanz.
Por su parte, la candidata a las Cortes, Marga Deyá, ha recordado los 45 millones que Aragón ha dejado de recaudar “gracias” al pacto entre el Gobierno de Lambán y Ciudadano para modificar el impuesto de Sucesiones. “Este dinero público se podría haber utilizado, por ejemplo, para contratar más profesorado o para otros servicios que necesitan más recursos”, ha comentado en su comparecencia ante los medios de comunicación.
Queremos recuperar este impuesto que antes de ser reformado afectaba, solamente, al 10% de la población aragonesa y una fiscalidad más justa que mejore la calidad de vida de la gente. En cuanto a la evasión fiscal, Deyá ha recordado que son las y los trabajadores asalariados los que no defraudan porque pagan sus impuestos mediante el IVA y el IRPF y ha insistido en la necesidad de poner un cerco a quienes, como las grandes empresas, defraudan sistemáticamente millones de euros que podrían destinarse a financiar nuestros servicios públicos. En este sentido, proponemos que se dote de personal suficiente a la inspección fiscal y que, sobre todo, se inspecciones a los “peces gordos” que son los que más defraudan.
Por último, queremos combatir la economía y el empleo sumergido atacando a los explotadores y no a los explotados. “Perseguir la economía sumergida y el fraude fiscal debe ser una prioridad de todas las administraciones, desde la municipal hasta la central; si simplemente alcanzáramos la media europea, sería posible bajar el IVA, bajar el IRPF a la clase trabajadora y a la vez mejorar los servicios públicos y las pensiones más bajas”, ha concluido.
En relación con el ERE que ha anunciado el Banco Santander y que afectará al 11% de su plantilla, Álvaro Sanz ha denunciado que “van a dejar en la calle a 3.700 familias y van a cerrar más de mil oficinas, con lo que eso supone para la vertebración del territorio, y a pesar de tener unos beneficios de más de 8.000 millones de euros”. En su opinión, “el anuncio no es más que un ejemplo claro de cómo la salida de la crisis es antisocial y cómo han dejado fuera del sistema a la gente con total impunidad”.