Manifestamos nuestra preocupación por la situación del empleo en la conservación y mantenimiento de las carreteras aragonesas tras el anuncio de un plan extraordinario de carreteras para garantizar el arreglo y conservación durante 25 años de las vías con mayor intensidad de tráfico, que suponen el 28% de los cerca de 5.700 kilómetros de la red autonómica.

Nuestro Coordinador General y portavoz parlamentario, Álvaro Sanz, considera necesario conocer de qué manera va a afectar este plan a los trabajadores de la Administración que trabajan en esta área que, cabe recordar, es entre un 25 y 30% inferior que la que había hace diez años. “Si bien el consejero del ramo y el director general de Carreteras aseguran que no quieren cometer el error que fue el Plan Red –continúa Sanz-, nos preocupa que esto suponga una privatización del servicio de mantenimiento que, a nuestro juicio, debe ser cien por cien público”.

Para el diputado, “la colaboración público-privada, como ya se ha visto en experiencias pasadas, antepone los criterios económicos de rentabilidad a lo que debe ser el interés social de una red de carreteras vertebradora del territorio”. “Como todos los servicios públicos, debe preservarse el interés social y no el económico”, reitera.

Estamos de acuerdo con el “modelo tradicional” de concesión de contratos en el que saca a licitación una carretera y la concesionaria hace la obra, pero debe ser la Administración pública quien se encargue de la conservación y mantenimiento, porque es más barato, más seguro y aumenta la eficacia en la coordinación y la gestión de las carreteras”, concluye.