Podemos, CHA e IU trasladarán a las Cortes de Aragón las reivindicaciones de la Plataforma Salud Universal para la aplicación del derecho universal a la salud y del artículo 14 del Estatuto de Autonomía. Para ello, los tres partidos que coinciden en la defensa de este derecho, presentarán de forma conjunta proposición no de ley para su debate y votación en el Pleno de este jueves.
Cabe recordar que la Plataforma Salud Universal se constituyó como respuesta ciudadana al Real Decreto Ley 16/2012 del 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y por el que 873.000 tarjetas de personas extranjeras residentes en España fueron dadas de baja al entrar en vigor, de ellas 30.000 en Aragón, según el Instituto Nacional de Estadística.
“Han pasado cuatro años desde la aplicación de este Real Decreto y la plataforma nos ha hecho las deficiencias existentes que hacen que en Aragón no exista sanidad universal”, explican.
Así, asumiendo las reivindicaciones de la PSU y desde la defensa del derecho a la Sanidad Universal, Podemos, CHA e IU reclaman elevar la Instrucción del 7 de agosto de 2015 por la que se regula el acceso a la asistencia sanitaria en Aragón para las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes ni cobertura de asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud, a rango de Decreto de manera inmediata contemplando una serie de mejoras que garanticen el derecho a la salud.
Entre ellas, señala Itxaso Cabrera, portavoz de Sanidad de Podemos Aragón, “reclamamos que se elimine el requisito de tres meses de antigüedad en el empadronamiento, que no sea necesario tener la condición de extranjero no registrado ni autorizado a residir en España y que se omitan criterios económicos, como ya ocurre en otras Comunidades Autónomas. En palabras de Cabrera, es indudable que “la universalidad en el acceso al sistema sanitario debe ser independiente de la situación administrativa y nacionalidad de las personas”.
Además, proponen que se contemplen los casos de excepción que aun así pudieran quedar fuera (personas sin empadronar o sin identificación) incluyendo cláusulas de flexibilidad que garanticen su acceso al sistema sanitario y se solucionen los problemas planteados por las personas que no pueden conseguir el “Documento de no exportación” del derecho de asistencia sanitaria desde el país de origen.
En cuanto a personal de los servicios de admisión del SALUD y de las unidades de trabajo social de manera prioritaria e inmediata, piden que se garantice su formación y se desarrollen campañas de carácter informativo que permitan a las personas afectadas conocer sus derechos y poder defenderlos.
Para Luquin, “este Real Decreto ha supuesto una quiebra social importantísima ya que con su aplicación la salud dejó de ser un derecho para convertirse en un privilegio y un negocio para muchos”.