El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga ha dictado fecha de desalojo para una familia fragatina el próximo 27 de abril a instancias de un Fondo de Titulización, al que BBVA había vendido la deuda y que ahora reclama la vivienda toda vez que ya ha sido subastada y adquirida por esta entidad jurídica.
Izquierda Unida del Altoaragón considera ilegal el procedimiento por el que se ordena el lanzamiento de la vivienda al no coincidir el demandante, que sigue siendo BBVA, con la entidad jurídica que reclama la vivienda, Europea de titulización S.A. Sociedad Gestora de Fondos de Titulización.
“Se da la circunstancia, además, que los representantes legales en el procedimiento de ejecución hipotecaria de la entidad bancaria y del Fondo de Titulización son los mismos, lo que demuestra la total irregularidad de las actuaciones judiciales seguidas contra los demandados”, advierten desde la formación política y social.
“Los afectados no fueron informados en ningún momento de la subasta de la vivienda ni de la venta de la deuda por parte de la entidad bancaria”, añaden desde el colectivo antidesahucios PHA de Fraga para explicar que en virtud de este protocolo, el desahucio se tendría que paralizar hasta que Servicios Sociales certificara la situación de vulnerabilidad de la familia.
Izquierda Unida del Altoaragón denuncia que, pese a que el procedimiento judicial está plagado de gravísimas irregularidades, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Fraga, sigue adelante con el alzamiento sin ni siquiera admitir a trámite la nulidad del mismo”.
Por su parte, la PAH de Fraga muestra su extrañeza por esta decisión judicial, “que reafirma una vez más la asociación entre judicatura y banca para despojar a las familias vulnerables de sus casas con fines especulativos”. Y recuerdan que “BBVA, vendió la deuda hipotecaria a un Fondo de Titulización, y que por lo tanto no tiene legitimidad para reclamar la vivienda, pero aun así la entidad bancaria sigue personada como demandante en el procedimiento con la misma representación legal que la entidad jurídica a la que vendió la deuda, algo a todas luces manifiestamente ilegal”.
Por todo ello, IU Altoaragón insta al Departamento de Vivienda del Gobierno de Aragón a que medie para evitar el desahucio.