El grupo provincial En Común presentará mañana en el Pleno de la DPZ una moción en la que reclama que las corporaciones locales que cumplan con los criterios de estabilidad puedan reinvertir su superávit fiscal en la prestación de los servicios públicos.

Con esta moción En Común buscará el apoyo del Pleno de la Diputación de Zaragoza para promover la reforma de la citada ley y del artículo 135 de la Constitución Española. “La consagración de la estabilidad presupuestaria como el principio máximo al que queda sometida el conjunto de la política económica y social de las administraciones públicas está provocando evidentes perjuicios a los entes locales, las administraciones más cercanas a los ciudadanos,” apunta el portavoz del grupo En Común, José Ángel Miramón, para reiterar que “es necesario modificar el actual articulado, abriendo en el mismo la puerta a que aquellos ayuntamientos que cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como el periodo de pago de la deuda comercial, puedan reinvertir su superávit fiscal en los servicios públicos de su competencia”.

Desde En Común recuerdan que, según el actual articulado de la ley, han sido las corporaciones locales las que han asumido con “mayor exigencia y responsabilidad” el cumplimiento de los objetivos de consolidación fiscal, restringiendo a partir de la regla de gasto las actuaciones sociales y debilitando los servicios públicos fundamentales, marcando como “prioridad absoluta” a los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública en el estado de gasto de los presupuestos.

“Las negativas consecuencias para nuestros Ayuntamientos de esta ley son evidentes, desde la fuerte limitación que supone para el incremento del gasto social,  más allá del superávit o remanentes de tesorería que puedan presentar las corporaciones, al impacto negativo sobre el crecimiento económico”, apunta Miramón.

En su opinión, “la obligación de cumplir con la actual ley en los términos en los que se encuentra redactada supone no sólo una importante injerencia en la autonomía local especialmente complicado de justificar en un contexto en el que la mayoría de los ayuntamientos presentan superávit presupuestarios e importantes remanentes de tesorería, cumplen con los límites de deuda, respetan el límite de pago a proveedores y, sin embargo, no pueden dedicar el saldo positivo al gasto social o nuevas inversiones”.