Tras la entrevista mantenida esta mañana con Fernando García Vicente, los representantes de IU Aragón han confirmado el compromiso del Justiciazgo para mediar en “lanzamientos hipotecarios” y de elaborar un informe sobre la situación generada por los desahucios en la Comunidad Autónoma
El coordinador de IU Zaragoza, José Manuel Alonso, junto con el responsable de política municipal de IU Aragón, Pablo Muñoz, han participado esta mañana junto con representantes de Stop Desahucios y la FABZ en una reunión con el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente.
El encuentro, motivado por la denuncia efectuada por Caja 3 contra 52 personas que participaron en una acción de Stop Desahucios el pasado 7 de marzo en la sede central de la entidad financiera, “se ha centrado en la necesidad de abordar los más de treinta casos de ejecución hipotecaria en los que se trataba de negociar con la CAI, pero ha ido más allá y ha abordado la problemática de los desahucios en su más amplio espectro”, ha indicado José Manuel Alonso.
Por su parte, Pablo Muñoz ha explicado que “desde IU le hemos propuesto al Justicia que intermedie e inste a las administraciones a que se impliquen contra los desahucios, además de solicitar a la institución a la que representa que realice una mediación efectiva en casos de vivienda habitual”.
Asimismo, IU Aragón expresa su satisfacción por el anuncio del Justicia de elaboración de un informe de la situación de los desahucios en Aragón “una foto fija muy necesaria para los colectivos que trabajan esta problemática y para las personas que desde las instituciones tenemos la voluntad de incidir con políticas que acaben con este drama social”.
“Por otra parte –destaca Muñoz-, desde los servicios jurídicos del Justicia se ha apuntado una vía de actuación desde los ayuntamientos que desde IU también estábamos estudiando: la modificación del impuesto de plusvalía para los desahuciados de su vivienda habitual”. “Ese tributo, cuya finalidad es gravar la ganancia del propietario al vender un inmueble, pierde todo significado cuando al propietario se le arrebata su vivienda habitual”, sostiene Muñoz.
“En la interpretación de la Ley estatal, la exención del impuesto de plusvalía se aplica sólo a los pocos casos que se pueden acoger al último protocolo de colaboración entre el Gobierno de España y los bancos”, señala el dirigente de IU, que comenta la recomendación del Justiciazgo de atajar este problema a través de los servicios municipales de Acción Social. “Sin embargo, desde IU consideramos que la exención se debe hacer extensiva a todos los desahucios de vivienda habitual, porque ofrecer ayudas de urgencia para pagar el impuesto de plusvalía sería un parche, y lo que debemos intentar es ir a la raíz del problema y modificar un sistema tributario que perjudica a los más desfavorecidos”, concluye Muñoz.