Es muy triste que en el siglo XXI tengamos que alegrarnos de que la Administración sancione a una empresa concesionaria de transporte público porque no da un servicio digno a los viajeros. Debería ser la misma empresa la que estableciera los controles de calidad adecuados.
Desde hace dos años, al menos, tanto el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) como el Gobierno de Aragón conocen denuncias por el mal servicio que presta la empresa Samar-Buil. Nos preguntamos por qué no han actuado antes.
Ha hecho falta la denuncia de Izquierda Unida de Garrapinillos ante el Ayuntamiento de Zaragoza para que, mediante pregunta municipal, se iniciara expediente sancionador contra la empresa. En ello coadyuvaron las numerosas quejas presentadas por los vecinos afectados por el mal servicio.
Una vez abierto el expediente sancionador, el Ayuntamiento de Zaragoza ha detectado 895 infracciones tipificadas en la Ley de Transporte (que son sancionadas por el Gobierno de Aragón) y en el Convenio de Transporte (sancionadas por el Ayuntamiento), tan sólo en el periodo entre el 16-12-13 y el 12-1-14. Algunas de ellas, como no realizar un servicio, pueden ser consideradas graves.
Es conveniente recordar que la empresa percibe cantidades de dinero público procedente del Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España para cubrir el déficit del servicio. A cambio, no sabemos si por mala gestión o por un comportamiento usurero de la empresa, la contraprestación no ha sido la adecuada, como ya informamos en el artículo ¿Qué pasa con el autobús de Garrapinillos? En el primer caso haría falta un cambio de gestores, en el segundo un cambio de empresa concesionaria.

Por ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ha elevado el expediente sancionador al Gobierno de Aragón para que tome la determinación pertinente.