“Hoy, en el Día Internacional contra el Racismo y la Xenofobia, es imprescindible hablar de las personas refugiadas”, señala el Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena, quien hace un llamamiento a la ciudadanía a la participación en los actos convocados para fomentar el respeto y la igualdad, porque, “en el fondo, son más positivas las cosas que nos unen que las que nos separan, y es más constructivo tender puentes que romperlos”.

Para Coordinador de IU Aragón, el acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía es un ejemplo de racismo, porque la UE “externaliza y contrata a Turquía para echar a las personas refugiadas con el objetivo de que no entren en el territorio de la Unión. “Hoy sigue siendo necesario que gritemos fuerte y denunciemos este trato inhumano y la violación de los derechos humanos de miles y miles de personas que huyen del infierno en el que han convertido sus vidas”.

“Lejos de poner medidas y aplicar políticas que fomenten la igualdad de las personas sin importar procedencia, raza, religión, cultura, sexo, etc., cada día se aprueban leyes y se firman acuerdos que fomentan el racismo, la xenofobia social y provocan el aumento de la fuerza de partidos y organizaciones de extrema derecha”, denuncia Barrena.

En cuanto al acuerdo de la “vergUEza”, “su firma pone en riesgo la vida de millones de personas”, asevera el responsable de Organización de IU Aragón, Álvaro Sanz, y afirma que “es un acuerdo que incumple claramente la legalidad internacional, viola la Convención de Ginebra para los Refugiados y el Convenio Europeo de los Derechos Humanos”.

Esto ha motivado que Izquierda Unida emprenda una serie de acciones legales en España y en Europa. IU presentará ante el Tribunal Supremo una querella criminal contra el presidente en funciones, Mariano Rajoy y el resto del Consejo de Ministros porque al suscribir el acuerdo entre la Unión Europa y Turquía sobre las personas refugiadas ha incurrido en diversos tipos penales como la denegación de socorro y trato inhumano y degradante a este colectivo. Y está estudiando ampliar, a nivel europeo, las acciones legales para revocar el pacto con el que la “UE ha contratado la externalización de un servicio que es ilegal y, para nosotros, también criminal”, concluye Sanz.