“La ciudadanía aragonesa no se merece lo que está anunciando el Gobierno PP-PAR sobre los presupuestos de la Comunidad para el 2013”, ha manifestado en rueda de prensa el portavoz de IU en las Cortes, Adolfo Barrena.
“Tras un año de Gobierno, Rudi se ha dedicado a seguir las políticas de ajuste neoliberales que son muy injustas, porque cargan la crisis contra quien no la ha generado y porque son inútiles, ya que no resuelven el problema de déficit, ni aumentan el empleo, y demuelen el estado social, arrasan con todos los servicios públicos y suponen la pérdida de un derecho constitucional porque atacan al autogobierno”, ha asegurado.
“En educación el curso –ha continuado- comienza con menos profesores y más alumnos, se ha incrementado el IVA, la sanidad ya no es gratuita ni universal, la Ley de Dependencia no se está cumpliendo, está sin resolver el tema del carbón y dese algunas comunidades, como Castilla La Mancha bajo el gobierno de María Dolores de Cospedal, se ataca a partidos y sindicatos considerando que la actividad parlamentaria es para los ratos que queden libres a los caciques.
Ante esta situación, IU plantea de nuevo una serie de propuestas para intentar salir de la crisis defendiendo los intereses de la ciudadanía. Así, a nivel estatal plantean incorporar a la Constitución española el principio de garantía del gasto social y derogar la Ley de Estabilidad Financiera que conlleva una política «de ajuste duro y de recortes».
En su comparecencia ante los medios, Barrena ha explicado las propuestas que Izquierda Unida plantea, “porque la crisis tiene responsables, pero también salida”. Y son estas
A nivel Estatal:
– Incorporación a la Constitución Española del principio de garantía del gasto social y, por consiguiente, Derogación de la Ley de Estabilidad Financiera que es la política de ajuste duro y recortes así como la que establece la intervención de las autonomías.
A nivel Autonómico:
-Defender lo público para que la educación, la sanidad, el cuidado de la infancia, las prestaciones sociales, la dependencia y autonomía personal, la tercera edad, el transporte público, el deporte y la cultura sean considerados servicios públicos que dependen de la responsabilidad pública y tienen carácter universal y gratuito.
– Auditoría de la deuda. Una cuestión previa. Izquierda Unida no considera los servicios públicos y la protección social como generadores de deuda sino como inversión social. Por lo tanto, de la llamada deuda, debe separarse la que ahora atribuyen a estos servicios y prestaciones que es lo que justifica los recortes. Por ello no debe computar como deuda, debe separarse de la demás y rechazar toda la que no se corresponda con la prestación de los servicios públicos y la protección social. La deuda no generada por estos conceptos debe ser separada de la deuda general y negociarla directamente con las entidades financieras. Los rescates están sirviendo para para pagar y salvar bancos y no para atender a la ciudadanía y garantizar los derechos y servicios públicos tal y como pretende hacer creer al Gobierno.
– Plan de empleo, dotado suficientemente, que obligue a las empresas a tener empleo digno y de calidad, que contemple medidas de reparto del trabajo y conciliación de la vida laboral y familiar.
– Incrementar, con criterios de progresividad, todos los tramos autonómicos de los impuestos estatales (IRPF,…..)
– Anular las desgravaciones efectuadas sobre los impuestos de Sucesiones, Donaciones y Trasmisiones Patrimoniales
– Penalizar duramente los despidos con beneficios y las viviendas vacías.
-Apoyo a pequeñas empresas, cooperativas locales, favoreciendo el comercio de proximidad, incorporando I+D+i y favoreciendo en las licitaciones públicas.
– Implantación de la fiscalidad verde para que se internalicen los costes ambientales desde la obtención de materias primas hasta la producción de residuos y emisiones.
– Revisión de las tasas y precios públicos con criterios de progresividad y exenciones para trabajadores y trabajadoras en paro.
– Habilitar la Agencia Tributaria Autonómica y Potenciar la Inspección de Trabajo para perseguir y castigar el fraude fiscal y la economía sumergida.
– Revisar todos los contratos y licitaciones para situarlas en los precios medios del mercado y denunciar todas las elevaciones de precios en contratos y licitaciones públicos.
– Introducir sistemas de control y racionalización del gasto público con participación de los trabajadores y trabajadoras públicos y las personas usuarias.