La defensa de los servicios públicos, del gasto social, del empleo, de la educación y la sanidad públicas… son el objetivo de las enmiendas que por valor de 245 millones de euros hemos presentado a la partida destinada a pagar créditos y amortizaciones del Proyecto de Ley de Presupuestos de Aragón para 2013.
En este sentido, hemos exigido a la presidenta Luisa Fernanda Rudi que “siente en una mesa” a las entidades financieras y negocie una moratoria en el pago de la “deuda”.
Sin embargo, nuestras enmiendas no podrán ser debatidas porque no han sido calificadas y la “excusa” de la Mesa de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública para no admitirlas es que “contradicen lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 135.3 de la Constitución” y recalcan que “el pago de los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública gozará de prioridad absoluta”. En este mismo sentido, se pronuncian sobre la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para imponer “la prioridad absoluta del pago de la deuda pública”.
Con nuestras propuestas queremos establecer un dique de defensa, de contención, sobre los duros ajustes y recortes del Gobierno sobre el gasto social, recortes que afectan a los/as trabajadores y por ello hemos propuesto una línea presupuestaria diferente a la planteada por el Gobierno PP-PAR, porque no es cierto que sea la única posible.
Tenemos una alternativa razonada, razonable y posible contra la ruta marcada a través de la modificación aprobada por PP y PSOE del artículo 135.3 de la Constitución y por la que se prioriza el pago a las entidades financieras el cumplimiento del objetivo de déficit.
La no calificación de nuestras enmiendas es el reflejo de la situación real a la que nos han llevado PP y PSOE con la reforma de la Constitución, en la que los intereses de las entidades financieras priman por encima de los Derechos de las personas, también reconocidos en la Carta Magna.