El grupo parlamentario de IU Aragón ha presentado una enmienda a la totalidad y 114 enmiendas parciales al proyecto de ley de modificación de la Ley de Urbanismo de Aragón, de 2009. “El objetivo de nuestras enmiendas es “garantizar un urbanismo más social, basado en los derechos públicos” y el interés de la ciudadanía”, ha explicado en rueda de prensa el portavoz de Obras Públicas y Urbanismo de IU en las Cortes, Miguel Aso, quien ha asegurado que “este proyecto no resuelve los problemas centrales del urbanismo en Aragón y no perdurará en el tiempo porque no ha sido consensuado con los grupos”.

En cuanto a la enmienda a la totalidad, IU reclama la devolución al Gobierno del texto porque fomenta la especulación urbanística, facilitando las condiciones para volver al urbanismo como modelo de financiación de las Administraciones y de desarrollo. Para Aso, “es una vuelta de tuerca más hacia el modelo de la burbuja inmobiliaria, la misma que nos ha llevado a la crisis”.

En cuanto a viviendas de alquiler, el texto presentado por el Gobierno incluye variaciones considerables y no enfoca una cuestión central para IU como es el modelo de ciudad mediterráneo y compacto. “Queremos que el urbanismo garantice la movilidad sostenible en nuestras ciudades”, ha aseverado Aso para detallar que las enmiendas presentadas por su grupo parlamentario “pretenden fomentar un urbanismo social, el alquiler, facilitar la participación, reducir el peso específico de las alcaldías en relación a los plenos para un mayor control e introducir el consejo de urbanismo de Aragón, etc”.

En cuanto a la “técnica legislativa” del Gobierno PP-PAR, Miguel Aso ha criticado que “el Ejecutivo no ha facilitado el trabajo de los grupos parlamentarios, ya que lo más razonable sería hacer una nueva ley y a partir de ahí trabajar todos los grupos, especialmente en algo tan sensible como el urbanismo”. Sin embargo, el Gobierno de Rudi ha preferido plantear 174 modificaciones a un texto de 290 artículos, con la justificación de querer dinamizar el sector y reducir el intervencionismo de la administración”. Además, Aso ha advertido de que se están adoptando demasiadas reformas en muy poquito tiempo por lo que muchos trámites quedarán a caballo de dos legislaciones y la situación se complicará más si el Gobierno central también legisla en la materia.

Para el diputado de IU, “otra cuestión central es que cuando un suelo deja de ser un “patatal” para ser edificable quien genera la plusvalía es la administración y debe ser la beneficiaría de la misma”, un aspecto que debería contemplar la ley “para que la administración y los ciudadanos se queden con la mayor parte de la plusvalía generada”.