Las Cortes de Aragón instan al Gobierno, a iniciativa de Izquierda Unida, a que adopte las medidas necesarias para la elaboración, en colaboración con la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Aragón, de un repositorio de cláusulas sociales, medioambientales, de género, etc., que puedan ser tenidas en cuenta por los órganos de contratación de la Comunidad Autónoma a la hora de elaborar sus pliegos de cláusulas administrativas particulares, facilitando el acceso a dicho repositorio, además, a los órganos de contratación de la Administración local que muestren su interés, de forma que se extienda su utilización como una buena práctica administrativa y la inclusión de cláusulas sociales en la próxima ley de contratos del sector público.
La proposición no de ley defendida por la portavoz de IU, Patricia Luquin, ahonda en la necesidad de implementar las cláusulas sociales en los contratos de forma real de manera que el precio deje de “jugar” el papel fundamental a la hora de una adjudicación para la prestación de un servicio y se tengan en cuenta esta “herramienta útil para el fomento de la calidad, la igualdad, la conciliación, la inserción, etc.,”.
El segundo punto de la iniciativa reclama el impulso un órgano colegiado en el que estén presentes las Administraciones Públicas, los representantes de los trabajadores que estén relacionados con la contratación pública y de la ciudadanía, de forma que asegure y garantice no solamente la satisfacción en el servicio prestado, sino también la calidad de los puestos de trabajo, realice propuestas de cláusulas para incluir en nuevos pliegos, controle la políticas del Gobierno en materia de contratación pública, con participación de la ciudadanía, verifique el cumplimiento de los pliegos durante el desarrollo de los contratos y proponga mejoras a tener en cuenta en procesos posteriores.
En este sentido, IU apuesta por el control de a la aplicación de estas cláusulas, “porque tan importante es su incorporación como saber lo que ocurre cuando no se cumplen estas condiciones porque no puede ser que se adjudique una contratación con unas cláusulas y que luego éstas no se cumplan”, ha señalado Luquin para mostrar su satisfacción por la aprobación de la iniciativa porque la contratación pública debe ser “ejemplar y ejemplarizante” y esta propuesta sigue la senda para su mejora.