Izquierda Unida de Aragón apoya y respalda las XIX Jornadas de Economía Solidaria que, organizadas por la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Aragón (REAS Aragón), se inauguran hoy, dentro del programa “Zaragoza, ciudad por la economía social y solidaria”, y concluyen el próximo sábado 7 de junio con la V Feria de Mercado Social en Aragón.

La responsable de Políticas Sociales de IU Aragón, Paloma Lafuente, que asistirá a la inauguración de las jornadas, reitera que para Izquierda Unida es fundamental el impulso del Gobierno de Aragón a la Economía Social, porque “las entidades de Economía Social soportan mejor la crisis, no se deslocalizan y se adaptan a los cambios del ciclo económicoapostando por el mantenimiento y la creación de empleo”, señala. Así lo constatan las cifras presentadas por la Plataforma para la Promoción de la Economía Social. Según su estudio, uno de cada tres aragoneses está vinculado a alguna de las organizaciones que configuran la Economía Social y más de cuatrocientas mil personas participan, colaboran o forman parte de asociaciones, fundaciones, cooperativas, mutuas, sociedades laborales, empresas de inserción, centro especiales de empleo, etc. En Aragón, estas entidades representan aproximadamente un 3,5 por ciento del PIB y han creado más de 20.000 puestos de trabajo.

Cabe recordar que el Pleno de las Cortes aprobó por unanimidad el primer punto de la Proposición no de Ley presentada por IU y por la que instaron al Gobierno de Aragón a elaborar y presentar un proyecto de Ley de apoyo y potenciación de la Economía Social en Aragón, que desarrolle la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social de carácter estatal, para adaptarlo a la Comunidad de Aragón: Promover y divulgar la Economía Social en Aragón; fomentar y defender la Economía Social y los movimientos y sectores que la integran, incidiendo en la constitución de políticas públicas y en la legislación; defender y manifestar, en sus aspectos comunes, los intereses de la Economía Social ante todas las instancias, en los planos económicos, sociales, culturales o políticos de la Comunidad Autónoma; analizar y estudiar los problemas que se planteen con carácter genérico y común a todas las entidades de Economía Social, planteando soluciones pertinentes y estableciendo las consiguientes líneas de actuación conjunta; potenciar las organizaciones de la Economía Social de Comunidad Autónoma e incidir en la necesidad de tener presencia institucional del sector en todos aquellos foros donde se debaten las políticas públicas de la Comunidad.

“Esta norma debe desarrollar la ley de Economía Social de carácter estatal para adaptarlo a nuestra Comunidad, en consonancia con las propuestas y reivindicaciones de la Plataforma Aragonesa para la Promoción de la Economía Social”, explica Lafuente para denunciar que “han pasado 8 meses desde que nuestra iniciativa salió adelante y, a día de hoy, el Gobierno de Aragón no ha cumplido con el mandato de la Cámara”.