Apoyamos las reivindicaciones del sector de la Dependencia que está llamado a la movilización el próximo 7 de noviembre contra el bloqueo del convenio marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y que afecta a 10.000 trabajadoras y trabajadores en la Comunidad.
El sector que trabaja en dependencia mantiene salarios por debajo de 14.000 euros anuales y está altamente feminizado con alto índice de bajas laborales y ratios de personal insuficiente para dar un servicio de calidad.
La paulatina implantación de programas de eliminación de contenciones físicas y químicas para ser sustituidas, tanto por alternativas aplicadas al entorno como por alternativas de carácter psicosocial, requieren, en opinión de nuestro diputado en las Cortes de Aragón, Álvaro Sanz, “de una plantilla que posibilite el desarrollo efectivo de una intervención centrada en el paciente para lo que es necesario mejorar las condiciones laborales del personal”.
Además, en la Ley de igualdad de oportunidades, su artículo 68 “Igualdad de género y dependencia” recoge que la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón garantizará el desarrollo de actuaciones específicas para asegurar la valoración de las mujeres cuidadoras y la integración de la perspectiva de género en la atención a las personas dependientes. “Este sector está muy precarizado y necesita de un impulso institucional para romper con la brecha de género actual”, reclama Sanz para recordar que en la anterior legislatura quedó pendiente la aprobación del proyecto de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales de Aragón que dimanaba de la Ley 5/2009, de 30 de junio y que decayó.
En cuanto al caso concreto de las residencias de mayores, el decreto 111/92 de 26 de mayo, que regula las condiciones mínimas de los centros de servicios sociales con internamiento estableciendo una ratio mínima de los centros, establece que para residencias de válidos el índice total de personal del centro/total de camas en funcionamiento no será inferior a 0,25, para residencias mixtas de 0,30 y el de asistidas de 0,35.
Este índice de personal es muy deficitario para responder a las necesidades de nuestros mayores que han ido cambiando con la evolución de las condiciones y ahora son personas con mayores grados de dependencia.
Ante esta situación y para garantizar la atención de calidad en los servicios de atención a las personas dependientes y unas condiciones laborales y salariales a los y las trabajadoras de este sector, hemos registrado una Proposición no de Ley en las Cortes de Aragón.
En ella, instamos al cuatripartito a reformar el decreto 111/92 de 26 de mayo, que regula las condiciones mínimas de los centros de servicios sociales con internamiento, para mejorar y adecuar la normativa de forma que posibilite una atención de calidad en el que se aborde entre otras cuestiones la ratio mínima.
En un segundo punto de la iniciativa, reclamamos al Ejecutivo recuperar y tramitar el proyecto de Ley de ordenación de las entidades privadas de servicios sociales de Aragón respondiendo a la disposición final tercera de la Ley 5/2009, de 30 de junio posibilitando un marco que garantice la calidad en la atención a las personas dependientes y en el empleo de cuidados.