IU Aragón apoya y hace un llamamiento a todos los colectivos sociales y a la ciudadanía en general a participar en las movilizaciones convocadas contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, este domingo, 25 de enero, y de manera simultánea (12.00 h) en Zaragoza (plaza de España), Huesca (plaza Cervantes), Teruel (plaza del Torico) y Mozón )plaza del Conservatorio).
Unos actos de rechazo frontal a la reforma de esta Ley aprobada en el Congreso por la mayoría absoluta del PP y que, para IU, constituye un aparato legal cuya finalidad es criminalizar la protesta social y democrática. Además, a esto hay que sumar la reforma efectuada por el Gobierno popular del Código Penal. “Ambas reformas constituyen una barbaridad legal y un despropósito; un recorte de derechos y libertades sin precedentes desde el fin de la dictadura franquista y que responden a la represión que Rajoy impone por el miedo a que la ciudadanía exprese su descontento por sus medidas, unas políticas con las que el PP está ahogando a la gente y llevando al país a una situación insostenible”, denuncia el Coordinador General de IU Aragón, Adolfo Barrena.
IU cree imprescindible expresar un rechazo unánime y rotundo ante una ley que criminaliza por completo a los colectivos y personas que ejerzan el legítimo derecho a la concentración y a la reunión y resucita el viejo Tribunal de Orden Público del franquismo.
Cabe recordar que Izquierda Unida ya advirtió que la ‘Ley Mordaza’, que ley limita el derecho de manifestación, de reunión, el funcionamiento libre de los piquetes sindicales y legaliza las vergonzosas devoluciones en caliente en la frontera con Marruecos, tiene numerosos aspectos que podrían considerarse “anticonstitucionales”, comenzando por el concepto de “manifestación autorizada”, “que no existe constitucionalmente”. Sobre esta cuestión, numerosos expertos han señalado que la Ley es un ataque a los derechos de manifestación y huelga y establece un salvoconducto para el desconocimiento público de posibles actuaciones ilegales de las fuerzas de seguridad, al sancionar cualquier grabación sobre las mismas, “vulnerado también el derecho a la información”, asevera Barrena.
Desde el punto de vista jurídico, con la reforma, el PP ha dado un importante giro conceptual ya que muchas acciones pasarán de ser juzgadas por un tribunal donde se presupone la inocencia del acusado y hay que demostrar su culpabilidad, a una falta sancionada con multa por la autoridad administrativa. “Ante esta falta la declaración de cualquier funcionario será reputada como veraz y, por tanto, en el mejor de los casos tocará al sancionado demostrar su inocencia”, explica Barrena.
En cuanto a las multas, estas se elevan hasta “límites inasumibles para quién no sea millonario”, 30.000 euros, por ejemplo, por intentar impedir un desahucio, y los recursos contra estas sanciones deberán verse ante las salas de lo contencioso-administrativo que tardan años en emitir sus autos y ante las que hay que pagar importantes tasas.