Izquierda Unida respalda a los y las trabajadoras del Centro de Observación y Acogida 2 (COA) que denuncian el intento del consejero de Sanidad, Bienestar Social y Familia de “reventar” la huelga indefinida que, legalmente convocada, secundan desde el 1 de noviembre “contra el recorte de recursos para atención inmediata y necesidades básicas de los niños y niñas protegidos en Aragón”. Una denuncia que realizan al conocer la propuesta que ha hecho el consejero para solucionar el conflicto social y político del COA y que supone “la gestión directa del servicio por parte del IASS con un equipo totalmente nuevo de educadores compuesto por interinos”. Una propuesta que la plantilla ha conocido por los medios de comunicación, ya que no han recibido ninguna comunicación oficial por parte del Gobierno de Aragón ni de la gerencia de FAIM (empresa adjudicataria).
Al igual que las y los trabajadores del COA, IU respalda una gestión 100% pública del servicio pero también considera que, de no subrogar a la plantilla actual, el Gobierno de Aragón “puede incumplir derechos laborales reconocidos por la ley y, además, provocar un claro perjuicio en la atención a las y los menores atendidos en el centro”. Tal y como entienden los denunciantes, que siempre han declarado que este ámbito social debería estar fuera del mercadeo y la especulación, “la gestión directa de este servicio implicaría la absorción por parte de la Administración de este equipo de trabajadores”, señalan desde IU, para añadir que esto “sería lo lógico pero nos tememos que la propuesta sea una represalia por parte del Departamento que dirige Oliván a la plantilla, que continúa en huelga y que cumple escrupulosamente con los servicios mínimos”.
Cabe recordar que el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, el 35 del Convenio Colectivo estatal del sector y recientes sentencias de tribunales europeos obligan a la Administración a subrogar a las y los trabajadores que prestan sus servicios en un centro de trabajo como el COA cuando la Administración asume directamente la gestión del mismo. Del mismo modo que una nueva empresa que la Administración contratara tendría esta misma obligación.
Por ello, la plantilla del COA anuncia que, si el Gobierno de Aragón trata de incumplir la legalidad, “nos veremos en los tribunales”.
En cuanto al impacto que tendría en los menores una propuesta como la que hace Oliván de sustituir de un día para otro a todo un equipo educativo, las y los trabajadores del COA advierten del perjuicio que supondría el cambio para la estabilidad emocional de estos menores, que viven en una situación de crisis vital extrema de separación familiar (algunos en tratamiento psiquiátrico o con minusvalías reconocidas). Al sustituir a la totalidad de adultos de referencia de estos menores, destruirán el vínculo educativo y dinamitarán un proyecto educativo de reconocido prestigio dentro de la Comunidad de Aragón que hasta el consejero Oliván dice valorar. En este sentido, la plantilla del COA recuerda el “desastroso” resultado obtenido por la gestión del Gobierno de Aragón al utilizar esta fórmula de sustituir un equipo de educadores al completo por funcionarios ajenos al proyecto educativo en el centro San Jorge, en abril del año 2000.
La plantilla del COA también ha mostrado su sorpresa por las declaraciones de Oliván en las que dice que “la FAIM cometa una ilegalidad punible (presentarse a un concurso público y no asumir el recurso que se le adjudica en dicho concurso) y no se le penalice por ello”. Para las y los educadores, “es un trato de favor que hace nos cuestionemos la naturaleza y legalidad de las relaciones entre la FAIM y el Gobierno de Aragón”. “Dudas que refuerzan aún más las declaraciones en las que, además, Oliván vuelve a declarar públicamente que negoció con las empresas las condiciones de un concurso público, algo a todas luces ilegal”, concluyen.